La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad de diez años al alcalde de Sabanagrande, Atlántico, José Mario Romero Cahuana, y al secretario de Hacienda, Arot Guillermo Caballero Gómez, por irregularidades en el manejo de más de $10.579 millones, embargados a una empresa particular en desarrollo de un proceso coactivo.

En fallo de primera instancia, la Procuraduría Provincial de Barranquilla estableció que los funcionarios adicionaron esa suma de dinero al presupuesto de rentas y gastos para la vigencia fiscal del 2018, a pesar de que la orden de apropiación de esos recursos no se encontraba en firme.

El Ministerio Público señaló que los investigados desconocieron que contra la medida del embargo se adelantaba un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, que les impedía disponer de esos dineros hasta tanto existiera un fallo definitivo.

Igualmente, no accedieron a ordenar el desembargo pese a que la empresa afectada cumplió con los requisitos exigidos para que se levantara esa medida cautelar.

Para la Procuraduría, con su actuación los disciplinados vulneraron los principios de responsabilidad, moralidad e imparcialidad de la función administrativa, por cuanto dispusieron de los recursos embargados sin que existiera una decisión definitiva que les permitiera actuar de esa manera.

Por esos hechos, el Ministerio Público calificó la conducta de los funcionarios como gravísima cometida a título de dolo.

El fallo puede ser apelado por los sancionados.