Después de realizar un estudio, la Defensoría del Pueblo determinó que hay una disminución de la permanencia de los programas financiados por la nación, relacionados con el deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre. 

“Nuestros funcionarios de la Delegada para la Protección del Derecho al Deporte hicieron un análisis acucioso de los informes de gestión del Ministerio del Deporte y de documentación alojada en las plataformas I y II del Sistema Electrónico para la Contratación Pública, Secop. En el seguimiento encontraron un panorama preocupante en varias regiones del país”, señala el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis. 

Mientras que en 2016 la permanencia promedio de los programas estuvo en 6.5 meses en el año, para 2023 se redujo a cuatro meses. En los departamentos de Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada, Caldas, Risaralda y Antioquia, la atención territorial se limitó únicamente a dos meses.

“El presupuesto del Ministerio del Deporte, gobernaciones y alcaldías debe ser aumentado para que sea garantizada la financiación adecuada de los programas de fomento y desarrollo, como también urge que sean implementadas medidas para el fortalecimiento de la gestión y articulación de los programas con los actores del Sistema Nacional del Deporte, especialmente con los entes territoriales”, es el llamado del defensor.  

Sobre los Juegos Intercolegiados 2023

Los Juegos Intercolegiados 2023 en sus fases regionales y final nacional, con una destinación de recursos que ascendía a una cifra cercana a 51.750 millones de pesos, es uno de los programas que se vio afectado el año anterior, luego de que en octubre pasado fuera dada a conocer la noticia de su no realización. Alrededor de 400.000 niños, niñas y adolescentes aspiraban a participar en las justas deportivas.

“Es primordial un seguimiento permanente a la ejecución de los programas del deporte, recreación y actividad física financiados con recursos de la nación y recursos territoriales. Así mismo, es clave promover la participación activa de la comunidad en la planificación, ejecución y evaluación de los programas”, expresa el Defensor del Pueblo.

Consecuencias en la reducción de los programas

La reducción en la permanencia de los programas tiene consecuencias de consideración. Para instructores y monitores de deporte, recreación y actividad física, son una fuente de trabajo formal. La permanencia limitada de los programas de fomento ha generado la pérdida de cientos de empleos en distintas regiones de Colombia.

Las personas que acuden a las actividades enmarcadas en los programas, al no poder practicarlas podrían ver afectadas tanto su salud física como mental. En el caso de niñas, niños y adolescentes, su desarrollo físico y su formación integral en valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la responsabilidad también se verían afectados. 

“En estos programas participan todos los grupos etarios, y en algunos departamentos se constituyen como la única forma de acceso al deporte, la recreación y la actividad física. Si nuestros niños y niñas no pueden acceder a ellos, la formación de las futuras generaciones tendría un retroceso”, concluyó el defensor.

*Con información de la Defensoría del Pueblo