La necesidad de establecer los ‘Mínimos de Reconciliación y Paz’, se ha convertido en un arduo proceso de consulta y concertación social que viene liderando la Iglesia Católica a través de la Comisión de Conciliación Nacional (CCN), a partir de los años 2009 y 2010, inicialmente enfocado a más de 15.000 personas que representaban cerca de 30 sectores de la sociedad, de 15 regiones de Colombia.

Debido al alcance logrado y la articulación de algunas de las iniciativas que fueron planteadas por las diferentes comunidades y acogidas por el Gobierno, se decidió ampliar el plan de acción a 30 regiones del país.

Proceso que, cuyos resultados, precisamente, se vienen socializando por parte de la Conferencia Episcopal de Colombia a través de la Comisión de Conciliación Nacional y que cuenta con el apoyo de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI).

En ese sentido, la CCN presentó en Barranquilla los avances que ha tenido la renovación de los ‘mínimos’ inicialmente identificados, estableciendo, en el caso particular de la Región Caribe, las problemáticas y necesidades de la gente.

En desarrollo de este proceso, en el caso del departamento del Atlántico fueron identificadas propuestas concretas por parte de las comunidades consultadas:

- Garantías para que los líderes, lideresas y defensores de derechos humanos puedan ejercer su labor en el territorio.

- Garantías de seguridad alimentaria por parte de la institucionalidad para la población más vulnerable del departamento.

Se trata de los principales temas propuestos en la capital atlanticense como 'nuevos Mínimos para la Reconciliación y la Paz'.

De acuerdo con el balance presentado por la CCN, en un encuentro articulado con Monseñor Pablo Salas, Arzobispo de Barranquilla, y el Sacerdote Jaime Marenco y que contó con la presencia de Zona Cero, el incumplimiento de los acuerdos de paz, la falta de programas que cuiden y promuevan la salud mental de víctimas y victimarios, las amenazas y asesinatos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos, la falta de titularidad de tierras en la región, la necesidad de reforma a la justicia que brinde garantías para la paz y las reformas a la fuerza pública, se convierten en grandes problemas que requieren urgente solución.

Tal es el resultado de la opinión de la ciudadanía consultada por la Arquidiócesis de Barranquilla, la Diócesis de Santa Marta, la Diócesis de Riohacha, la Diócesis de Valledupar y la Comisión de Conciliación Nacional (CCN) durante los meses de marzo, abril y mayo, en el marco de diez encuentros sociales realizados en las ciudades capitales de los departamentos del Atlántico, Magdalena, La Guajira y Cesar.

Encuentros en los cuales han participado líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos, víctimas del conflicto armado, campesinos, representantes étnicos, representantes sectoriales, representantes juveniles, miembros de la comunidad LGBTIQ+, trabajadores sociales, representantes de iglesias evangélicas y agentes de pastoral de la Iglesia Católica.

¿En qué consisten los ‘Mínimos de Reconciliación y Paz’?

Todo este proceso surgió de una pregunta básica para los diferentes actores: ¿Qué es lo mínimo que se necesita para alcanzar la reconciliación y la paz en Colombia?

El objetivo es la búsqueda de consensos para consolidar las condiciones mínimas para una paz duradera y estructural en el país, basada en la justicia, la solidaridad y la fraternidad.

En principio, la sistematización de la información recolectada en el proceso, permitió la creación de un documento titulado ‘Acuerdo Nacional por la Paz y la Reconciliación en Colombia’.

Este documento fue estructurado en 8 líneas catalogadas como “Mínimos”, redactadas por profesores e investigadores de diferentes universidades del país, en lenguaje de política pública.

¿Qué se busca ahora con el proceso de renovación?

La continuidad del proceso también pretende ampliar el campo de acción en el territorio nacional.

Para ello se establecieron los siguientes propósitos:

- Contar con unos ‘Mínimos’ ajustados al contexto nacional actual (en el que han cambiado algunas de las dinámicas sociopolíticas, así como causas asociadas al conflicto armado).

- Alcanzar mayor cobertura y participación en 30 regiones del país.

- Consolidación de unos ‘Mínimos’ que tengan mayor enfoque territorial.

- ‘Nuevos Mínimos’ que permitan ambientar escenarios de acercamiento y negociación con otros actores armados ilegales, entre ellos, el ELN. En este punto la Comisión de Conciliación Nacional ha venido acompañando y animando escenarios que ayuden propiciar el diálogo con este grupo.

- Presentar ‘los nuevos Mínimos’ a los gobiernos locales y regionales, así como al nuevo Gobierno Nacional, como insumo base para los planes de desarrollo y para la creación de políticas públicas en favor de la reconciliación y la paz.

Problemáticas y necesidades identificadas en la región

Producto de este amplio proceso han sido identificadas las siguientes problemáticas y necesidades:

- “Una población polarizada” por la falta de credibilidad entre ellos, pérdida de confianza y de liderazgos.

- “Falta de vivienda digna”. Ausencia de oportunidades de acceso reales.

- “Ausencia de estrategias para una educación pertinente a las necesidades regionales”. Saturación de las mismas carreras, no se preocupan por nuevas ofertas que se adapten al contexto territorial y que permitan garantizar mayor acceso a empleo.

- “Los recursos que el gobierno extiende para el campo son muy limitados”. Falta de apoyo financiero al pequeño y mediano agricultor.  Vías e infraestructura inadecuadas o inexistentes. Falta de recursos para los emprendimientos y proyectos productivos que provienen de allí, así como de garantías para la comercialización. Altos costos de los insumos.

- “La desviación de los recursos públicos a objetivos que no están programados o no son relevantes”. Irregularidades en los contratos, especialmente en asignaciones y montos.

- “Disputa del territorio entre grupos ilegales, realidad que genera desplazamiento, pérdida de identidad cultural, social y estabilidad económica”. 

- “Altos niveles de abstención al momento de postularse a cargos de elección popular”. La ciudadanía se abstiene de participar, realidad que afecta gravemente la democracia.

- “La corrupción que contamina la democracia”. Múltiples casos de pago por votos.

- “Desconocimiento de las leyes y de los mecanismos de participación ciudadana”. Realidad que da pie a no elegir bien o a no hacer procesos de control o veeduría adecuados a quienes llegan al poder.

 - “Pocas posibilidades de empleo frente a la realidad de la migración”.

Contratar a migrantes resulta más económico para los negocios, lo que disminuye las posibilidades de empleo para los locales.

- “El conflicto por la tierra tanto a nivel urbano, como rural”. Ausencia de políticas agrarias y productivas, no existe un proceso y debilita al campo con la apertura económica y la realidad del petróleo. La capacitación es deficiente frente a la viabilidad agraria y el potencial que este tiene en este territorio como agente generador de desarrollo.

- “Incumplimiento de acuerdos pactados entre las comunidades organizadas, los grupos armados y el gobierno de turno”. Por ejemplo, en el Sur de Bolívar donde la gente se está movilizando; Acuerdos de Paz entre las Farc y el Gobierno Nacional; acuerdos medioambientales (el fracking), entre otros temas asociados.

Nuevos mínimos avalados por los participantes

De esta manera, de los 8 ‘Mínimos’ iniciales, la propuesta de Reconciliación y Paz quedó ampliada a nueve temas básicos:

1. Una política de reconciliación y paz, con equidad entre víctimas y victimarios, que integre: reparación, inversión social, capacitación, verdad, justicia y curules transparentes de las víctimas del conflicto armado.

2. Equidad en el acceso a los derechos para garantizar una vida digna: Educación, salud , empleo, vivienda, servicios públicos, conservación del medio ambiente, alimentación, comunicación y tecnología.

3. Reforma agraria amplia e integral, que comprenda: acceso de tierras, legalización de tierras, seguridad en la restitución de tierras, vías terciarias y enfoque diferencial.

4. Transparencia y control en el uso de los recursos públicos.

5. La construcción de país desde la diversidad regional y territorial.

6. Democracia y participación incluyente y diferencial de la ciudadanía en la construcción de los destinos colectivos.

7. Inversión del Estado con equidad nacional, departamental y territorial, teniendo en cuenta las propuestas de la comunidad y las necesidades de la niñez, mujeres, personas discapacitadas y el adulto mayor.

8. Celeridad procesal y el mejoramiento de la administración de justicia.

9. Políticas equitativas y de control de la migración y la frontera.

Con todo este panorama, la Iglesia busca que “la información recolectada a nivel nacional sea tenida en cuenta en los diálogos territoriales impulsados por el Gobierno, y así mismo, que sirva para propiciar la búsqueda de soluciones reales a necesidades estructurales que tienen actualmente las comunidades, que privilegien el bien común y trasciendan coyunturas políticas; así mismo, se pretende que el 'Nuevo Acuerdo Nacional de Mínimos' sirva como insumo para posibles escenarios de negociación con diferentes actores armados ilegales, tema en el que la iglesia colombiana ha asumido un rol activo privilegiando la vida humana, la dignidad y el desarrollo humano social integral. Los resultados del proceso adelantado en cada departamento también serán socializados con representantes de instituciones públicas locales y regionales”.