El secretario del Interior del Magdalena, Adolfo Bula, volvió a ser protagonista de irrespetos a la autoridad de Policía. 

En esta ocasión el hecho sucedió en el municipio de Pivijay, al cual se dirigió en su intento por apropiarse de la gerencia del Hospital Santander Herrera de Pivijay, a través de un decreto que firmó el gobernador Carlos Caicedo para enviar de vacaciones a la gerente, Mayra Castro Britto, sin que ella lo hubiera solicitado.

Fue así como, en medio de sus intentos por llevar a cabo la estrategia, la Policía Nacional acordonó el hospital y exigió una orden judicial para permitir el ingreso de cualquier persona ajena al hospital.

Esto desató la ira de Adolfo Bula, quien se fue contra un mayor de la Policía que comandaba a los demás agentes, a quien le gritó: “Esto es una orden de la Gobernación. ¿Cuánto le pagaron?”, en alusión a que el oficial cumplía su trabajo a cambio de dineros ilícitos.

Bula, desesperado por no poder ingresar al hospital -el cual había sido gerenciado por su propia esposa cuando llegaron a sacar la gerente en una ocasión anterior- intentó empujar a uno de los agentes de Policía, a quienes insultaba por el hecho de que estos le exigían una orden judicial para ingresar al hospital.

“Esta es una orden administrativa, no sea bobo e ignorante, vaya a estudiar, esta es una orden administrativa del Gobernador (Carlos Caicedo)”, recriminaba Bula.

Esta no es la primera vez que Bula protagoniza una bochornosa actuación como la de este viernes en Pivijay. Ya lo había hecho semanas atrás, cuando la Superintendencia de Servicios Públicos se tomó la Essmar, y el caicedismo en pleno (incluyendo al gobernador, quien no tiene jurisdicción sobre el distrito de Santa Marta, pero sí el control político) se fueron a las instalaciones de la entidad a protestar.

En esas manifestaciones, Bula volvió a hacer ‘gala’ de su irrespeto hacia la autoridad. En ese momento, Bula amenazó a un alto oficial de la Policía Nacional con denunciarlo ante el Congreso para que no ascendiera.

Efectivamente, días después, el gobernador Caicedo materializó la amenaza enviando una carta en contra de los comandantes de la Policía del Magdalena, de Santa Marta y del oficial al que amenazó Bula.

¿Por qué la Procuraduría no hace nada?

La pregunta pareciera no tener explicación. Pero los comportamientos de Bula han sido ampliamente cubiertos y documentados, pero, aun así, la Procuraduría nunca ha iniciado una investigación de oficio en contra del servidor público.

Ostentando cargo público, Bula se ha ido en contra de la población LGBT, incluso estando bajo los efectos del alcohol, ha atacado a los vendedores informales, incluso amenazó con lanzarle una silla a un inmigrante que trataba de ganarse la vida en el Centro Histórico de Santa Marta.

En otra ocasión, una persona que hacía parte de su comitiva sacó un arma de fuego e hizo tiros al aire. Esto tampoco generó ninguna repercusión.

Este medio digital investigó y descubrió que el hijo de la procuradora general de la Nación, Alberto Mario Caparroso Cabello, firmó hace poco más de 2 años un contrato con el entonces alcalde de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez, por un valor de 3.512 millones de pesos.

Llama la atención que la Procuraduría guarde silencio frente a investigaciones que, por oficio, debería abrir en contra de funcionarios que abusan de su poder, pero en cambio, prefiere guardar hermético silencio, mientras que el hijo de la alta funcionaria gana jugosos contratos públicos.