Cuando el Gobierno Nacional, en cabeza del entonces Presidente César Gaviria Trujillo, tomó la decisión de liquidar las entonces Empresas Públicas Municipales (EPM), la iniciativa fue respaldada por la dirigencia local como única alternativa de solución para los graves problemas de acueducto, alcantarillado y aseo en Barranquilla.

Fue entonces cuando se gestó la creación de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo (Triple A), como empresa de economía mixta y con participación del 85% del Distrito (acciones clase A) y 15% del sector privado (acciones clase B), con voto calificado, por un término de 20 años y un avalúo del negocio por $32.754 millones.

Sin lugar a dudas se trató de una solución en la cual el Distrito mantenía el control mayoritario de la empresa, permitiendo salvaguardar los multimillonarios activos en infraestructura que, además, superaban ostensiblemente el valor del negocio establecido.

De esta manera, la nueva empresa asumió los servicios a partir del año 1992, dentro de un proceso iniciado por el entonces Alcalde Miguel Bolívar Acuña y continuado por su sucesor Bernardo Hoyos Montoya.

Sin embargo, más temprano que tarde, lo que significaba un buen negocio para el Distrito y la ciudad, por contar con el 85% del componente accionario, poco a poco se fue convirtiendo en un ‘zarpazo’ para los intereses distritales.

En efecto, tras el cambio de Gerente de la Triple A, cuando Joaquín Fernández Malabet reemplazó a Álvaro Osorio Carbonell, y con la llegada del Alcalde Édgar George González, de manera inexplicable fueron creadas las denominadas acciones ‘Clase C’.

Con  esta cuestionable decisión, el 43,31% de las acciones de la empresa pasaron a manos de Interamericana de Aguas y Servicios SA ESP (Inassa), como socio calificado operador, reconociéndole, además, el 4,5% de los ingresos brutos/año de la empresa.

Como hecho curioso, Inassa fue creada el mismo día en que le entregaron ese componente accionario, teniendo como socios a Aguas de Barcelona (Agbar) con el 51% y el Grupo familiar Gerlein (Enrique, Enrique Jr., Luis Cárdenas Gerlein), además de Alfonso Nicolella de Caro y Jaime Jácome De la Peña, con el 49%, quienes a su vez dominaban en ese momento mantenían el dominio del Banco Ganadero. 

Con ello, la participación accionaria del Distrito se redujo al 41,69%, quedando en minoría.

Aquí cabe preguntar: ¿Dónde estaban los políticos que permitieron este ‘zarpazo’ al Distrito? ¿Acaso, como en el Proceso 8.000, todo ocurrió a sus espaldas? ¿O, sencillamente fueron cómplices del ‘zarpazo’?

Pero no solo eso. Cuando Bernardo Hoyos Montoya asumió la segunda gestión prorrogó, de manera anticipada, la concesión hasta el 19 de octubre de 2033 lo que fue aprovechado por los socios colombianos para comprar el componente accionario a Aguas de Barcelona.

Luego, bajo la gestión del Alcalde Humberto Caiaffa, Canal Isabel Segunda adquirió el 75% de Inassa a través de Canal Extansia, cuando Inassa ya poseía el 64% de la Triple A.

Y la ‘estocada’ final se dio cuando llegó a la Alcaldía Guillermo Hoenigsberg. En ese momento la Junta Directiva de la Triple A aumentó el capital a $65 mil millones y como consecuencia de ello el componente accionario quedó de la siguiente manera: Inassa, 82,16%, Distrito, 14,50% y sector privado, 3,34%.

Esto significa que con todas estas maniobras, el Distrito recibió un verdadero ‘zarpazo’, pasando de accionista mayoritario (85%) a perder el 70,5% del coompente y quedar con el 14,5%.

Aquí cabe preguntar: ¿Dónde estaban los políticos que permitieron este ‘zarpazo’ al Distrito? ¿Acaso, como en el Proceso 8.000, todo ocurrió a sus espaldas? ¿O, sencillamente fueron cómplices del ‘zarpazo’?

Lo inadmisible del caso es que todo ello ocurrió bajo la complacencia de una clase política que guardó silencio frente a todas las decisiones que le causaron un enorme detrimento patrimonial al Distrito y, por extensión, a toda la ciudadanía barranquillera.

Ahora, llama la atención el hecho de que en momentos en que el Distrito, en cabeza del Alcalde Jaime Pumarejo Heins, procura recuperar la mayoría accionaria en la Triple A, surjan ‘palos en la rueda’, no se sabe con qué clase de intereses.

Concretamente plantean debates de control político para la ‘socialización del proceso’, lo que no ocurrió en el pasado cuando la ciudadanía fue sorprendida con las maniobras cuando ya las decisiones estaban adoptadas y el Distrito iba perdiendo, de manera paulatina, su poder accionario en la empresa.