El alcalde de Buenaventura, Víctor Vidal, y el secretario de Gobierno, Arlintong Agudelo, en el sector en la que hacen presencia hombres armados.
El alcalde de Buenaventura, Víctor Vidal, y el secretario de Gobierno, Arlintong Agudelo, en el sector en la que hacen presencia hombres armados.
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Crisis social y de orden público en Bueventura afectan empleo e inversión, dicen gremios

Recuerdan al Gobierno Nacional los compromisos adquiridos con el puerto.

El Comité Intergremial y empresarial del Valle del Cauca pidió este martes al Gobierno Nacional que se implemente un comando conjunto de las fuerzas militares para garantizar la seguridad en Buenaventura, y aseguró que la crisis social y de orden público que afecta a este puerto del Pacífico afecta la generación de empleo y e inversión de nuevos proyectos.

A través de un comunicado, el sector productor expresó su “profunda preocupación” por la inseguridad que afecta de manera frecuenta a esta zona del país.

Es imperativo que Buenaventura cuente con un comando conjunto que articule las diferentes fuerzas y desde donde se disponga de mayor despliegue de pie de fuerza...para implementar de manera inmediata acciones que combatan la situación de orden público generada por las bandas delincuenciales”, dicen.

Para los gremios privados, Buenaventura está en una situación “donde el derecho a la vida y a la propiedad privada se ven vulnerados, la convivencia y el diario vivir de las personas están siendo afectados y se está poniendo en riesgo la generación de empleo e inversión”, declaró, a propósito de la guerra entre bandas criminales que han originado el desplazamiento de unas 150.000 personas.

En el comunicado piden además al Presidente Petro cumplir con los acuerdos adquiridos con la ciudad y brindar mejor calidad de vida a los habitantes, y reconstruir el tejido social que es una prioridad.

Instamos a acelerar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte del Estado en la provisión de infraestructura de servicios públicos. Es fundamental trabajar de manera conjunta con la sociedad civil, la Iglesia, el sector privado, fundaciones, gremios, la Alcaldía y la Gobernación para implementar una estrategia de choque que permita reconstruir el tejido social, comunitario y económico del puerto”, añaden.

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