La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) citó a Colombia para mayo próximo a una audiencia pública por una demanda del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que se ha declarado víctima de seguimientos ilegales por parte de organismos del Estado por más de 30 años.

La audiencia se realizará, de forma presencial, el 12 y 13 de mayo en San José de Costa Rica en donde "evaluará las violaciones a las que ha sido sometida esta organización" defensora de derechos humanos.

"Actividades de inteligencia ilegal desde diferentes organismos del Estado y discursos estigmatizantes son algunas de las agresiones por las cuales será juzgado el Estado colombiano por acción", explica un comunicado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

La información añade que la "impunidad en la que permanecen las agresiones compromete directamente su responsabilidad (la del Estado) en los casos de amenazas, atentados, exilios, campañas de desprestigio, torturas psicológicas y hostigamientos cometidos contra integrantes del Cajar".

Según el documento, esta será la primera vez que una ONG defensora de derechos humanos, que se caracteriza por acompañar y representar a víctimas ante el Sistema Interamericano, llegue a esta instancia "en calidad de víctima".

"Esperamos que la audiencia permita establecer el impacto de las amenazas para la vida de las personas defensoras y consecuentemente, la necesidad de robustecer las políticas públicas que respondan efectivamente y ofrezcan a quienes defienden derechos, la posibilidad de realizar sus labores sin miedo", dijo la directora ejecutiva del Cejil, Viviana Krsticevic.

Para el Cejil y Cajar esta querella representa una oportunidad para ayudar a transformar el escenario actual de graves violaciones a los defensores en todo el continente.

Esas violaciones, aseguran, reducen la capacidad de defensa de derechos y limitan la justicia y la democracia.

Las peticiones del Cajar 

Antes de llegar a la CorteIDH, el caso pasó por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en un informe dijo que el "Estado (colombiano) incumplió su deber de respeto al hacerse parte mediante acciones concretas de sus autoridades del riesgo enfrentado por el Cajar, así como al mostrarse tolerante y aquiescente respecto de los hechos en su contra".

Frente a lo que esperan las víctimas, el colectivo Cajar pide que hayan medidas de reparación integral como el reconocimiento de responsabilidad y pedido de perdón público por parte del Estado.

También que los "cientos de amenazas contra integrantes del Cajar y contra la organización en su conjunto sean investigados y que se emprendan las reformas estructurales a las doctrinas y prácticas de inteligencia estatal que llevaron a los sucesivos gobiernos a convertir a defensoras y defensores de humanos en enemigos internos, para que actos como estos cesen y no se repitan".

EFE