La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia proferida el 29 de mayo de 2019 mediante la cual el Juzgado Once Penal del Circuito de Barranquilla condenó a la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Beatriz Gette Ponce, por el delito de abuso de confianza calificado y agravado.

En la decisión, la Corte modificó el fallo de primera instancia en el sentido de reducir la pena impuesta de 108 a 63 meses y disminuyó la multa de 750 a 217,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La decisión fue adoptada al resolver los recursos de casación interpuestos por el apoderado de la parte civil y la Procuradora 353 Judicial II Penal de Barranquilla, contra la sentencia del 9 de abril de 2021, proferida por la Sala Cuarta de Decisión Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, que revocó la emitida el 29 de mayo de 2019, mediante la cual, el Juzgado Once Penal del Circuito.

Los hechos se remontan a la época en que Silvia Beatriz Gette Ponce, fungió como rectora de la Universidad Autónoma del Caribe entre el 4 de noviembre de 2003 y el 6 de agosto de 2013, siendo presidenta del Consejo Directivo, de la Sala General y del Consejo Administrativo y Financiero de la Universidad.

De acuerdo con la investigación, entre noviembre y diciembre de 2006, Adriana Espinosa Solano, nombrada asesora de marketing de la Uniautónoma, contactó a Pedro Eliseo Gracia Quintero y Diego Fernando Guerrero Zambrano, propietario de la compañía DFG Financial Services, quienes expusieron frente a la entonces rectora, Silvia Beatriz Gette Ponce, Orlando Saavedra Magri, director financiero, Paul Eduardo García Visbal, decano de arquitectura, David Matos Castañeda, representante legal de la universidad, todos ellos miembros de la Sala General y Patricia Pinilla Muñoz, Secretaria General, un proyecto exclusivo y confidencial para la obtención de cuantiosos réditos en el extranjero, mediante la colocación de un capital inicial en bancos americanos o europeos que sería invertido por un operador financiero canadiense, identificado como Tonny Farhat, en documentos representativos de deuda redimibles a mediano plazo.

La inversión, aparentemente, estaría destinada a procurar recursos para ampliar y modernizar la infraestructura de la Universidad Autónoma del Caribe, con ocasión de sus 40 años de fundación. 

Dentro de esa opción de financiamiento, según los proponentes, se requería un millón de dólares estadounidenses (USD $1.000.000) en una cuenta bancaria internacional, en cualquiera de los bancos que integraban el Top 25 de mayor prestigio, listado también aportado por los expositores, dado que facilitaban plataformas de intercambio o “Trading”. La cuenta, según ellos, podía estar a nombre de la universidad o de alguno de sus directivos.

En esa reunión, supuestamente, se acordó que Silvia Beatriz Gette Ponce ofrecía sus cuentas personales, con el fin de realizar la inversión con mayor agilidad.

El 13 de febrero de 2007, el entonces director financiero de la Universidad Autónoma del Caribe, Orlando Saavedra Magri, en ejercicio de sus facultades estatutarias, transfirió USD$1.006.000 desde la cuenta corriente de la institución en el Banco de Crédito de Barranquilla No. 201-24002-5 con destino al Helm Bank de Miami, con lo cual se dio apertura a la cuenta corriente A/C 1040112193 en esa misma sucursal. Movimiento que fue conocido por la rectoría, dado que se requirió su aval para ello.

Para la administración de esta cuenta en el exterior, el director financiero autorizó su firma, la del representante legal y la de Silvia Beatriz Gette Ponce, como rectora del claustro educativo. Sólo ella realizó los trámites pertinentes ante el Helm Bank en Miami para disponer del mencionado producto financiero. La cuenta corriente en mención funcionaría bajo la modalidad de cuenta colectiva, esto es, cualquiera de las firmas autorizadas podía disponer de los recursos depositados, toda vez que no se exigía su concurrencia.

Encontrándose consignada la suma de un millón seis mil dólares estadounidenses (USD $1.006.000) en la cuenta corriente que tiene la Universidad Autónoma del Caribe en el Helm Bank de Miami (Florida), la entonces rectora, Silvia Beatriz Gette Ponce, prevalida de la autorización conferida a su firma, trasladó la suma de un millón de dólares estadounidenses de dicha cuenta a una de su propiedad en el Wachovia Bank, también en Estados Unidos.

El mencionado traslado de divisas tuvo lugar el 20 de febrero de 2007, cuando Gette Ponce libró un cheque a nombre del Helm Bank de Miami por ese valor y, a su vez el mismo banco expidió un cheque de gerencia a su favor, siendo entonces ese instrumento negociable o título valor el que la procesada depositó en su cuenta corriente personal, en el Wachovia Bank. 

La rectora de la Uniautónoma comunicó a Pedro Eliseo Gracia Quintero y Diego Fernando Guerrero Zambrano que el proyecto de inversión había sido avalado por la entidad, de manera que contaba con el capital inicial que se requería para iniciar el proyecto, a fin de obtener recursos, a título de beneficios. También les informó que dicho capital se lo había entregado la universidad en calidad de préstamo y que de ello tuvieron conocimiento los órganos colegiados de la casa de estudios.

A continuación, supuestamente, se iniciaron una serie de trámites orientados a la ejecución del proyecto de obtención de recursos en el extranjero, participando de ellos Silvia Beatriz Gette Ponce, Pedro Gracia Quintero, Diego Fernando Guerrero Zambrano y funcionarios de la institución educativa como fueron Adriana Espinosa Solano, Paul Eduardo García Visbal y Patricia Pinilla Muñoz. Al proyecto se le dio la denominación de “Proyecto Universidad Autónoma del Caribe: 40 años formando lideres para el país”. 

Estando el capital depositado en la cuenta personal de Gette Ponce en el Wachovia Bank, a finales del mes de agosto de 2007, fue transferido al banco Liechtensteinische Landesbank en Zurich (Suiza), donde se dio apertura de una cuenta a su nombre.

Lo anterior, según la procesada, dado que por gestiones del corredor internacional Tonny Farhat, el 4 de agosto de 2007 celebró un contrato con la empresa Trasatlantic Energy Corporation –Transaction Code: TEC-SBG/08-07/F-DIM-, dedicada al “trading”, que le exigió trasladar el capital al Liechtensteinische Landesbank, toda vez que, al parecer, la sociedad tenía sus movimientos de dinero en ese banco de Zúrich. 

Después de supuestas negociaciones infructuosas con la empresa en mención, Silvia Beatriz Gette Ponce transfirió el USD$1.000.000 al HSBC de Hong Kong (China), en octubre de 2008, a una cuenta bancaria de propiedad de Toyohama Limited, entidad representada por Tonny Farhat, pues según este operador existían mejores programas de inversión en China y las negociaciones serían más fáciles si el dinero estaba bajo su administración directa.

Finalmente, aunque se dice que el dinero fue invertido por el ciudadano canadiense en el arriendo de unos bonos históricos en México y Alemania, por intermedio de una fundación de éste, no brindó información concreta, alegando la confidencialidad de dichas negociaciones.

Por consiguiente, según la Corte, a la fecha no se tiene certeza sobre la existencia de Tonny Farhat, a quien nadie ha visto ni conoce su ubicación concreta, ni se tiene noticia del millón de dólares estadounidenses (USD $1.000.000) que, en febrero de 2007, Silvia Beatriz Gette Ponce, como rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, retiró de la cuenta de la institución educativa en Miami, gracias a que había sido autorizada con su firma para administrar dicho producto financiero.

Por estos hechos con ocasión de la denuncia promovida por la Universidad Autónoma del Caribe, el 27 de enero de 2014, correspondió el asunto el asunto a la Fiscalía 35 de la Unidad Antinarcóticos y de Lavado de Activos.

El 26 de diciembre de 2014 la Fiscalía resolvió la situación jurídica de la procesada mediante imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva como presunta autora del delito de abuso de confianza agravado.

Dispuesto el cierre de la investigación, mediante resolución del 14 de julio de 2015, la Fiscalía 35 Especializada acusó a Silvia Beatriz Gette Ponce como presunta responsable del delito de abuso de confianza calificado y agravado.

El 29 de mayo de 2019, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Causas Mixtas de Barranquilla profirió sentencia mediante la cual condenó a la acusada a la pena principal de 108 meses de prisión y multa de 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como a la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la privación de la libertad, tras encontrarla penalmente responsable del delito de abuso de confianza calificado y agravado.

La condenó, igualmente, al pago de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, a un millón de dólares estadounidenses, debidamente indexados a la fecha del pago o su equivalente en salarios mínimos legales mensuales vigentes en Colombia.

Apelada la decisión por la defensa, el 9 de abril de 2021 la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla revocó la sentencia impugnada y, en su lugar, absolvió a Silvia Beatriz Gette Ponce. Respecto al fallo aprobado por la mayoría, se presentó una aclaración y un salvamento de voto.

Inconformes con la decisión, el apoderado de la parte civil, la Procuradora 353 Judicial II Penal de Barranquilla y la Fiscalía 12 Especializada promovieron recurso extraordinario de casación, concedidos en auto del 17 de junio de 2021 proferido por el Tribunal. Pero el de la Fiscalía fue denegado.

Para la Sala de Casación Penal es evidente que la procesada, prevalida de la administración que le había sido conferida del patrimonio de la universidad, se apropió del capital inicial equivalente para la época a $2.239.959.600 pesos colombianos, para ponerlo a entera disposición de quien ha sido identificado como Tonny Farhat, “persona a la que jamás conoció personalmente y que le fue recomendado por Diego Fernando Guerrero Zamora como un operador financiero canadiense”.

No obstante, dijo este último que no conoce los negocios que Farhat ha llevado a cabo, dado que son confidenciales, pudiendo acotar, únicamente, que administra un supermercado.

Es más, “demostrado está que Silvia Beatriz Gette Ponce se apoderó del dinero, pues desde el 2007 a la fecha, han transcurrido más de 15 años sin que haya retornado los recursos, debidamente actualizados al cambio de la divisa, a su verdadero dueño, la Universidad Autónoma del Caribe. Y, si en gracia a discusión se admitiese que, en efecto, fueron invertidos en bonos históricos que aún no son exigibles, es claro que el negocio no estaba encaminado a beneficiar a la corporación educativa ni ésta prestó su aquiescencia en ello. Proceder que, sin lugar a dudas, afectó el patrimonio de la institución sin ánimo de lucro, creada con la finalidad de proporcionar escenarios y herramientas idóneas para materializar el derecho fundamental de la educación, entendida por la Corte Constitucional como institución que permite la democratización en el acceso al conocimiento y a otras expresiones de la cultura, en beneficio del individuo y de la comunidad en general. Destinación de utilidad común que fue pretermitida por la encartada al invertir los recursos del patrimonio de la universidad en un plan de inversión que redundaría en su propio beneficio”.