La Imprenta Nacional se pronunció sobre la investigación disciplinaria de la Procuraduría contra el director de Migración Colombia, Carlos Fernando García Manosalva, y el ex gerente general (e) de la Imprenta Nacional, Andrés René Chaves Fernández (2023), por presuntas irregularidades en el contrato firmado para la impresión de cédulas de extranjería, trabajo en el que se comprometieron recursos por un total de 6.600 millones de pesos.  

"Desde el pasado 1 de mayo la Imprenta Nacional de Colombia inició el proceso de elaboración de cédulas de extranjería en la nación, gracias al contrato interadministrativo 113 de 2024, firmado con Unidad Administrativa Especial Migración Colombia. Se informa a la ciudadanía en general que, con corte al 27 de junio, se han impreso y distribuido 8.575 documento", indicó la Imprenta.

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Puntualizó que este proceso se realiza en las instalaciones de la entidad, donde se acondicionó una zona especializada equipada con la infraestructura, seguridad y tecnología requerida para desarrollar las cuatro etapas del procedimiento: recepción de bases de datos por parte de Migración Colombia, personalización de las cédulas de extranjería, control de calidad y distribución a las ciudades/municipios correspondientes.

"La Imprenta Nacional de Colombia es una Empresa Industrial y Comercial del Estado que genera sus propios recursos; desarrolla soluciones innovadoras en impresiones de seguridad y está comprometida con fortalecer el sector público para brindar mejores servicios a los colombianos y colombianas. La entidad continuará informándole al país los avances de este trámite", indicó.

La Procuraduría investiga una aparente falta de idoneidad de la Imprenta Nacional para ejecutar los trabajos, lo que derivó en una subcontratación de la totalidad de los servicios requeridos, que contemplaban la impresión de las cédulas de extranjería, así como los insumos, la elaboración de la tarjeta, la personalización y entrega del documento final a Migración Colombia.

Igualmente, es objeto de la investigación disciplinaria una posible vulneración a la libre concurrencia de oferentes, pues el contrato se adjudicó de manera directa, lo que pudo vulnerar los intereses de posibles competidores del mercado.

Para el órgano de control, con su aparente actuación los investigados pudieron infringir los principios de la contratación estatal y la función administrativa.

Entre otras pruebas requeridas, la Procuraduría solicitó copia del contrato firmado, así como un informe ejecutivo del estado actual de los mismos, detallando las actividades realizadas hasta el momento y los pagos o aportes realizados.

*Con información de Presidencia de la República