El Departamento Nacional de Planeación (DNP) publicó para comentarios de la ciudadanía, la nueva política portuaria del país, basada en las dimensiones institucional, normativa, técnica, económica y ambiental que ayudarán a planificar el desarrollo de este sector a mediano plazo.

La actualización de la política propone la articulación entre la Nación y el territorio, para la planeación y construcción de los planes maestros portuarios, así como la necesidad de actualizar el Plan de Ordenamiento Físico Portuario y Ambiental, y la construcción de una herramienta flexible, robusta y abierta que permita la toma de decisiones oportunas para la planificación de los actores públicos y privados.

En términos de capacidad, el documento propone avanzar hacia la mejora en la eficiencia de los servicios portuarios. En 2010, la capacidad del país era de 263 millones de toneladas, mientras que en 2018 la cifra fue de 401 millones de toneladas con un incremento del 51%.  Para 2023, el país aumentaría en 62 millones de toneladas, alcanzando los 463 millones.

Así mismo, se definen los lineamientos de contraprestación para nuevos contratos, con el fin de establecer reglas claras que incentiven la inversión privada, promuevan la competitividad y garanticen condiciones objetivas para el Estado en todas las etapas de los contratos.

En términos institucionales, el borrador fija acciones para modernizar y fortalecer la gobernanza portuaria en cabeza del Ministerio de Transporte, con capacidad de articular y coordinar las actividades de las diferentes instancias que participan en el proceso de otorgamiento de contratos y el desarrollo de actividades.

Dentro de este contexto, el Ministerio de Transporte promoverá la conformación y operación de Comunidades Portuarias y Sistemas de Comunidad Portuaria, para articular toda la cadena logística de carga, mejorando costos y tiempos.

En digitalización y tecnología, el documento plantea la construcción, diseño e implementación de una plataforma informática en cabeza del Ministerio de Transporte, en la cual se recopile y maneje toda la información relacionada con el sector portuario como elemento para fortalecer la disponibilidad de información en la toma de decisiones; la puesta en marcha de una herramienta de monitoreo y seguimiento en gestión ambiental, prevención de accidentes ambientales, cambio climático e identificación de la huella de carbono.

También define acciones para impulsar, mediante los planes de gestión social de los terminales portuarios, medidas de responsabilidad social integrales con énfasis en las comunidades étnicas del área de influencia.

Finalmente, el documento propone la revisión de la Ley 1 de 1991 y su reglamentación; la revisión de la estructura de remuneración y generación de incentivos económicos adecuados para incrementar la inversión en la infraestructura portuaria, y garantizar la continuidad del servicio, los niveles de calidad e inversión necesarios durante el periodo de terminación y transición de los contratos de concesión portuaria.