Cuatro personas fueron condenadas por la justicia, tras haber aceptado su responsabilidad en la desviación de recursos públicos de un programa de salud, para evitar la mortalidad infantil, a una campaña política en La Guajira.

Un juez penal del circuito de Riohacha los declaró responsables del delito de peculado por apropiación en favor de tercero, tras el material probatorio de la Fiscalía sobre el caso.

Los condenados son Glenis Josefina Ojeda Rivadeneira, quien firmó seis contratos para el subprograma de lactancia por valor de 1.130 millones de pesos y dispuso de la contratación de 133 personas; Emel Antonio Rodríguez Amaya, señalado de contratar 672 personas para el subprograma de salud mental por un valor superior a 1.230 millones de pesos;  Mayerlis Soto Carrillo, involucrada en la celebración de seis contratos con el Hospital de Albania por 1.269 millones de pesos. A su vez, subcontrató a 244 ciudadanos; y  Yira Patricia Montaño Manjarrez, quien contrató 244 personas y cobró 1.203 millones de pesos.

"La señora Ojeda Rivadeneira fue condenada a cinco años y 10 meses de prisión; mientras que los demás recibieron penas de cuatro años de prisión", indicó la Fiscalía.

Material probatorio fue contundente  

La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia un acto de corrupción que se materializó en 2011, luego de la celebración de un contrato entre la Alcaldía de Albania (La Guajira) y el Hospital San Rafael por 18.900 millones de pesos, cuyo objeto era desarrollar un programa de salud para evitar la mortalidad de niños y madres gestantes

"El centro asistencial no tenía la capacidad técnica ni operativa para cumplir con las obligaciones contractuales. En ese sentido, subcontrató a 10 profesionales de distintas áreas de la salud para dar la apariencia de desarrollar el proyecto de salud", precisó el ente investigador.

Señala que estas personas se dedicaron a vincular mediante contratos fachada a 1.459 ciudadanos para que realizaran las consultas, tratamientos y valoraciones, al igual que las visitas de campo a las comunidades afectadas por falta de alimento, agua y medicamentos.

Y agregan: "El material de prueba evidenció de los beneficiarios de los múltiples contratos debían cumplir tres requisito: Tener inscrita la cédula de ciudadanía para votar en Albania (La Guajira), ser seguidores de la candidata a la gobernación del momento y aceptar un pago menor al establecido en las órdenes de prestación de servicios".

"Se comprobó que la mayoría de las personas no cumplió actividad alguna, pero cobraron sus honorarios a través de cheques. Los dineros fueron cambiados por efectivo y, posteriormente, guardados en bolsas de basura y entregados a la campaña de la entonces aspirante a la Gobernación de La Guajira", explicó la Fiscalía.

Estos hechos fueron aceptados, mediante preacuerdos, por cuatro de los profesionales que sirvieron de intermediarios para desviar los recursos públicos de la salud.