Cuando los barranquilleros pensaban y confiaban en que con la llegada de una Ministra de Transporte oriunda de esta ciudad, Ángela María Orozco, las cosas iban a cambiar en dos temas esenciales para la capital del Atlántico, como son el puerto y el aeropuerto, todo ha resultado totalmente lo contrario.

Ni lo uno, ni lo otro.

En el caso del puerto, sigue el ‘cuento chino’ con el canal de acceso, con unos contratistas (Consorcio Shanghai - Ingecon) que no han podido darle pleno cumplimiento a las metas contratadas.

Es decir, el objetivo de lograr profundidades adecuadas para finalmente disponer de un calado operacional de 10.20 metros, se ha convertido en una utopía.

Lo grave del caso es que ni la Ministra Ángela María Orozco, ni Cormagdalena como responsable del río, ni Findeter que inexplicablemente figura como administradora de los recursos, ni el interventor (Ingeniería e Hidrosistemas Grupo de Consultoría S.A. -IEH Grucon S.A.-), han requerido al Consorcio Shanghai - Ingecon para cumplir con lo contratado.

A escasas horas de vencerse el plazo contractual resulta imposible que lo hagan.

Mientras tanto, el calado operacional sigue bajando, generando graves restricciones para grandes embarcaciones y, como consecuencia de ello, el desvío de carga a otros puertos.

Todo ello se traduce en que, poco a poco, el puerto se va quedando sin canal. Y o que es peor. Sin canal la ciudad se queda sin puerto.

Algo parecido ocurre con la cacareada modernización del aeropuerto ‘Ernesto Cortissoz’ que atiende a la ciudad de Barranquilla.

Un contrato suscrito con la sociedad Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S., integrado por Valorcon S.A. (41,50%); Equipo Universal S.A. (41,50%) e Inversiones Milenium Azcipo S.A.S. (17,00%), por valor de $345 mil millones.

De manera reiterada los usuarios se quejan por los inconvenientes que tienen en la terminal aérea, en medio de la ejecución de obras que parecen no aterrizar.

Lo que llama la atención es la pasividad de la ANI, como contratante, la Ministra de Transporte como rectora del sector y el interventor (Inzett S.A.S. - GNG Ingeniería S.A.S. - J. Felipe Ardila V. & CIA S.A.S.), frente a los contratistas.

Contrario a lo que pudiera pensarse en el sentido de que el contratista sería sancionado o al menos aplicarle las causales de retraso atribuidas exclusivamente a él, lo que en la práctica viene sucediendo es termina siendo premiado.

En efecto, así se ve reflejado con la aplicación de la denominada cláusula de Evento Eximente de Responsabilidad (EER), que favorece los intereses del contratista, eximiendo de responsabilidades y extendiéndole nuevos plazos para la ejecución de las obras.

Pero no solo eso, todo indicaría que al contratista también se le estarían reconociendo, nada más ni nada menos, que una suma adicional de $40 mil millones para ver si por fin concluyen las obras.

Es decir, nuevos plazos y más dineros por unas obras que no toman vuelo.

Adicionalmente, también preocupan las dilaciones que se vienen dando en la tan promocionada APP del río Magdalena, planteada como solución para el mantenimiento permanente y sostenibilidad de la navegación por la principal arteria fluvial del país.

Contrario a la lentitud en este caso, avanza el proceso de implementación de la APP ‘Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique’, una mega obra que busca la regulación activa del ingreso de caudales al mismo y mejorar su navegabilidad, entre la bahía de Cartagena y Calamar, en la ribera del río Magdalena, a lo largo de 117 kilómetros.

Bastante cuestionable el trabajo de la Ministra barranquillera Ángela María Orozco frente a estos temas, tan importantes en medio de un proceso de reactivación económica.

Pero, en todos los casos, sigue ‘sacando pecho’ por unos resultados ineficientes e ineficaces.

En fin, con Ministra a bordo, Barranquilla sin puerto ni aeropuerto.