Un grupo de 54 excongresistas y exmagistrados de altas cortes vieron frustradas sus intenciones de revivir el pago de las megapensiones, que en 2013 les redujo la Corte Constitucional.

Estas personas radicaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una demanda para que este tribunal les devolviera dichos pagos, pero el organismo internacional inadmitió la petición.

La Corte Constitucional redujo las mesadas pensionales de estos altos funcionarios del Estado a un tope de $16 millones.

La CIDH conceptuó que el alto tribunal colombiano en lo constitucional "no vulneró los derechos de los peticionarios en el caso de acuerdo con las observaciones presentadas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado".

La demanda de los excongresistas y exmagistrados iba más allá de revivir los pagos. Solicitaban además se les indemnizara por lo equivalente a lo que dejaron de recibir desde que se emitió el fallo de la Corte Constitucional.

Para ese entonces, algunos de estos altos funcionarios tenían mesadas de entre 30 y 40 salarios mínimos, por lo que los retroactivos de los que se salvó de asumir el Estado ascendían a unos $80.000 millones.

Para este caso, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Andje, respondió la denuncia internacional, respaldando la decisión de la Corte Constitucional. 

En sus consideraciones, la Andje indicó que la petición bajo examen era inadmisible, dado que los hechos que la sustentan no caracterizan violaciones a obligaciones convencionales adquiridas por el Estado colombiano.