La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el alcalde de Juan de Acosta (Atlántico), Carlos Higgins Villanueva (2020-2023), por presunta omisión en el pago de prestaciones sociales a los empleados de carrera administrativa, durante 2020 y 2021.

Según las investigaciones, como ordenador del gasto, Higgins Villanueva habría desconocido los decretos en los cuales quedó consignado el derecho a percibir la prima de vacaciones, y las bonificaciones de recreación y por servicios prestados que se les debía reconocer a los empleados que hacen parte de la planta de cargos de la administración municipal. 

La Procuraduría puntualizó que las prestaciones sociales “(…) se convierten en emolumentos que hacen parte de un esquema solidario que, junto con los salarios, propenden por niveles mínimos de seguridad social frente a contingencias tales como el desempleo, la enfermedad, la muerte, así como la necesidad de descanso y de cubrir gastos de transporte, entre otros (…)”.

Para el ente de control, la conducta del exfuncionario pudo afectar no solo los derechos laborales de los funcionarios sino los de sus familias, y por ende, los de la comunidad a la que representaba, la cual esperaba que el mandatario al que habían elegido contara con los conocimientos y las competencias requeridas para la prestación de un servicio público eficiente.  

En esta etapa del proceso la entidad calificó la falta del disciplinable como grave cometida con culpa grave.