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Cargos contra 21 policías por presunta responsabilidad en asesinato de 7 civiles

Los hechos ocurrieron el 5 de octubre de 2017.

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra tres oficiales, un suboficial y 18 agentes de policía que habrían participado en un enfrentamiento contra la población civil de El Tandil, vereda de Tumaco, Nariño, que dejó como resultado siete personas muertas y 20 heridas.

Los hechos ocurrieron el 5 de octubre de 2017, cuando cerca de 2.000 personas se reunieron en el lugar para protestar por las labores de erradicación de cultivos de coca adelantadas allí, aduciendo que estos representaban su única fuente de ingreso y que el Gobierno Nacional no había cumplido con las promesas para brindarles otras alternativas de subsistencia.

A eso de las 10:30 de la mañana, mientras los líderes de la protesta dialogaban con el comandante de los policías presentes para levantar el paro, se escucharon disparos que hicieron que los policías respondieran al supuesto ataque.

“Tras escucharse el sonido de lo que parecía ser una ráfaga de arma de fuego, integrantes de la Policía Nacional, presuntamente, desenfundaron y accionaron sus armas de fuego de dotación en contra de la población civil, dando como resultado la muerte de siete personas y otras veinte resultaron heridas”, se relata en el documento.

Para la Procuraduría, según el material probatorio recaudado hasta el momento, los policías habrían afectado gravemente los derechos a la vida y la integridad física, valores esenciales del ordenamiento constitucional y de la humanidad en su conjunto, sin contar con el grave riesgo en el que pusieron a los demás civiles allí presentes.

“Los ciudadanos se encontraban en estado de indefensión pues, además de no ofrecer resistencia alguna, en su mayoría, recibieron impactos de disparos por la espalda, esto es, cuando trataban de salir del lugar de los hechos”, asegura el Ministerio Público.

El cargo endilgado al oficial al mando se imputa por presuntamente no haber evitado, pudiendo hacerlo, que un grupo de policías que estaban bajo su control se extralimitaran en el uso de sus armas de dotación.

Frente a los demás integrantes de la policía el cargo imputado hace referencia a la presunta omisión de su función orientada a proteger a todas las personas y mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades, entre los que se encuentran la vida y la integridad personal. Las conductas fueron calificadas provisionalmente como gravísimas a título de Dolo.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 2094 de 2021, dicho proceso pasará a las Procuradurías Delegadas para el Juzgamiento (reparto), quienes se encargarán de la etapa de juicio disciplinario en contra de los integrantes de la Policía Nacional.

*Con información de Procuraduría General de la Nación

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