Al cumplir dos años de operación la empresa Air-e enfrenta, quizás, el momento más complicado del proceso de prestación del servicio de energía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, por las crecientes protestas causadas por las exorbitantes alzas en las tarifas.

Acogiendo las palabras expresadas por el entonces Presidente Iván Duque, cuando presentó oficialmente a los nuevos operadores del servicio de energía en la Región Caribe, lo que los usuarios soñaban era que “había cesado la horrible noche para abrir una luz en el camino”.

Frase expresada por el anterior mandatario para declarar oficialmente el fin de la era Electricaribe y abrirle paso a las nuevas empresas Air-e y Afinia.

No obstante, “la horrible noche” continúa para los usuarios, debido a los incontrolados y exagerados incrementos que han tenido en la facturación.

Indudablemente los incrementos guardan relación directa con todo el proceso de subasta que condujo a la entrega del servicio de energía a Afinia (Empresas Públicas de Medellín) y Air-e (Consorcio Energético de la Costa).

Proceso que fue emprendido luego de que el Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSP), a cargo entonces de Natasha Avendaño García, determinó la toma de posesión y posterior liquidación de la empresa Electricaribe, ante la pésima prestación del servicio que le venía brindando a los usuarios de la Región Caribe.

Así, la grave problemática actual se origina en el momento en que el anterior presidente Iván Duque incluyó un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo que dispuso un régimen “transitorio y singular” o ‘cheque en blanco’ a favor de los nuevos operadores, para ofrecerles un nuevo marco tarifario que les permitiese una inyección financiera para su operación, pero con cargo a los usuarios.

Las cuestionadas resoluciones de la CREG

En desarrollo de lo dispuesto en el PND la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG-  expidió las resoluciones 010 y 018 de 2020 y 024 de 2021 creando un “modelo tarifario” temporal que afecta con mayor a la Región Caribe:

Con este “modelo” la Creg determinó reconocerle a los operadores de red las pérdidas por fraude, con el aparente propósito de garantizar la sostenibilidad de la operación, pero recargando el bolsillo de los usuarios.

Las resoluciones de la CREG también le dieron vía libre a los operadores para recuperar las inversiones mediante incrementos tarifarios.  

Este “modelo temporal y singular” ha sido blanco de fuertes cuestionamientos especialmente por los gremios económicos de la Región Caribe, tras considerar que “era necesario primero mejorar la calidad del servicio con financiación del Estado o de los nuevos operadores y bajar las pérdidas”, antes de aplicar las exorbitantes alzas en el costo de la facturación.

Duque aplazó cualquier revisión tarifaria

Ante la oleada de reclamos el entonces Presidente Duque, el Ministro de Minas y la CREG, realmente dejaron prosperar la situación hasta trasladar cualquier tipo de solución a manos del Gobierno entrante.

Tras el resultado electoral que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño, diversos sectores le pidieron la urgente intervención en el tema, con el propósito de aliviar la ya exagerada carga tarifaria.

Fue así como inicialmente se establecieron mesas de trabajo para revisar la situación hasta que finalmente el nuevo Gobierno anunció alivios tarifarios que se aplicarían en el último trimestre de este año.

Sin embargo, al analizar dichas medidas, los expertos en el tema, autoridades locales y gremios económicos se mostraron escépticos sobre los verdaderos efectos, concluyendo que en la práctica los alivios que se dejarían de cobrar en lo que resta de 2022, serán recobrados a futuro, con intereses e inflación.

Lo que significa que antes de solucionar el problema lo que realmente sucederá es que se aplaza la misma, quizás a un mayor costo para el bolsillo de los usuarios.

No habrá rebajas tarifarias: gremios

A partir de los anuncios del Gobierno Nacional, a través de la Ministra de Minas, Irene Vélez Torres, sobre la prometida rebaja tarifaria, y también respaldados por un estudio contratado con la consultora española Frontier Economisc LTD, los gremios de la Región Caribe aseguran que “las resoluciones más recientemente divulgadas por la CREG no redundarán en la reducción de tarifas en el Caribe porque mantienen el reconocimiento de las pérdidas por fraude, el componente que más pesa en el aumento del costo del servicio en esta región. Se limitan a diferir en el tiempo una fracción de las alzas, que finalmente los usuarios pagaremos con intereses”.

Del mismo modo aseguran que tales anuncios de la Ministra y la CREG “desconocen con ello la responsabilidad del Estado en la crisis que sufre la Región Caribe al no haber ejercido una adecuada supervisión del sistema para que se modernizara la infraestructura de distribución, no haber intervenido a tiempo a Electricaribe, y haber prolongado este proceso”.

Por ello advierten que “las alzas desmedidas en las tarifas serán mayores a partir de enero de 2023, cuando los usuarios vuelvan a pagar el costo pleno del servicio más la financiación de la reducción que se aplicó para los últimos meses de 2022”.

Esto con el agravante de que, como se proyecta, “también subirá el costo de generación por la reducción de los embalses de las hidroeléctricas debido a la temporada de clima seco, y se incrementará el precio del gas utilizado por las termoeléctricas, por coyunturas internacionales”.

En cambio, plantean que el régimen especial establecido por la CREG para la Región Caribe se puede desmontar haciendo uso del artículo 126 de la Ley 142, el cual establece que “las fórmulas tarifarias tendrán una vigencia de cinco años, salvo que antes haya acuerdo entre la empresa de servicios públicos y la comisión para modificarlas… Excepcionalmente podrán modificarse en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, cuando sea evidente que se cometieron graves errores en su cálculo, se lesionan injustamente los intereses de los usuarios o de la empresa…”.

Los billonarios aportes del Estado

En medio de esta problemática lo que también queda claro es que el Gobierno Nacional, desde la época de Electricaribe, ha dispuesto billonarios recursos para operación, compras de energía e inversión, cuyos resultados no parecen reflejarse, en la misma proporción, en beneficio de los usuarios.

Por ejemplo, a través del Fondo Empresarial de la Superservicios, destinó $4,56 billones a Electricaribe por los siguientes conceptos: créditos para operación por $4,1 billones y créditos para garantías de compra de energía por $460 mil millones.

Adicionalmente, la Nación otorgó recursos para inversión, vía Conpes, por valor de $860 mil millones. Esto con el fin de realizar intervenciones prioritarias para el mejoramiento de la infraestructura de redes, subestaciones, nuevos circuitos, transformadores de distribución de potencia, así como la puesta en marcha de un plan de reducción de pérdidas.

Del mismo modo, la Nación asumió el pasivo pensional de Electricaribe por un valor superior a los 2 billones de pesos.

Los actuales operadores están comprometidos a realizar inversiones, en un plazo de 5 años, por $5.8 billones, de los cuales $3.2 billones a cargo de Afinicia (Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar) y $2.6 billones por parte de Air-e (Atlántico, Magdalena y La Guajira).

Con todo este panorama, en el cual el Gobierno Nacional abrió todas las puertas, con un cúmulo de beneficios, para que los nuevos operadores asumieran el servicio de energía en la Región Caribe, ¿será que definitivamente y como siempre, los usuarios seguirán cubriendo, vía tarifas, los costos de una situación de la cual no son responsables? O lo que es lo mismo: ¿los justos pagarán por los pecadores?

En otros términos, sigue la “horrible noche”, ahora en la facturación.