El empresario Jalim de Jesús Rebaje García, uno de los brutales agresores de la pediatra Dalila Peñaranda y de la doméstica Carmencita Pérez, figura como uno de los principales protagonistas del escándalo de corrupción desatado con las obras de los escenarios deportivos para los XX Juegos Nacionales y IV Paranacionales 2015, en Ibagué.

Rebaje García participó en los proyectos en calidad de subcontratista de la principal obra con la que soñaban los ibaguereños: el Parque Deportivo.

Estas obras fueron adjudicadas por el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué -IMDRI- a la Unión Temporal Parque Deportivo Ibagué 2015 integrado por Vera Construcciones Sucursal Colombia (40%), Construcciones y Obras de Ingeniería Civil S.A.S. (30%) y Benjamín Tomás Herrera Amaya (30%), representada por Jaime Humberto Rivera Cuéllar, por valor de 73.539 millones 221 mil 32 pesos, de los cuales se pagaron anticipos por 16.359 millones 318 mil 70 pesos.

Sin embargo, en desarrollo de la contratación y con respecto a la utilización de los recursos, lo que se observó fue una gran concentración de los mismos (78.77%) en cuatro subcontratistas o proveedores. Fueron los siguientes:

- Prismacon (31,02%), representada por Melissa Margarita Suárez Lafaurie y esposa del representante legal de la UT, para el suministro de acero - concreto.

- Precon P y R S.A.S. (22,69%), representada por Eding Asis Palis L’ Hoeste y Jalim de Jesús Rebaje García, para obras eléctricas.

- Soluciones en Acero S.A.S. (14,57%), representada por Juan Carlos Múnera, para el suministro de aceros.

- Vera Construcciones (10,49%), representada por Juan Ramón Hernández, para el recubrimiento de la pista atlética.

Es precisamente en la segunda de estas empresas subcontratistas en la que aparece Jalim Rebaje García, quien fue ampliamente cuestionado en todos los procesos de auditoría que en su momento realizó la Contraloría General de la República (CGR), por claros hechos de corrupción porque los dineros fueron entregadas pero las obras nunca se hicieron.

“El escenario más crítico es el Parque Deportivo de Ibagué: un monumento al abandono, que quedó inconcluso y donde las pocas obras construidas, todas en estructuras metálicas, no sirven. La ilusión de los ibaguereños de tener un moderno y bien dotado Parque Deportivo, con los mejores escenarios como sede de las principales disciplinas de los Juegos Nacionales, se quedó solo en eso y en lo que hoy es: un lote de 33 hectáreas, donde solo se ve tierra y una estructura metálica que no sirve y que está prácticamente perdida”, señaló la CGR en una de las auditorías.

En el caso concreto de Precon P y R S.A.S., el objeto del subcontrato era la ejecución de las obras eléctricas para seis escenarios: patinódromo, atletismo, complejo de tenis, complejo acuático y urbanismo.

El valor de este subcontrato fue de 6.551 millones 788 mil pesos, de los cuales fue entregada como anticipo la suma de 3.275 millones 894 mil pesos, quedando pendiente un saldo por igual valor.

Sin embargo, la interventoría del proyecto, a cargo de Consorcio Juegos Nacionales, estableció que las obras objeto de este subcontrato, que involucraba a seis escenarios deportivos, no fueron ejecutadas y por consiguiente no se legaliza la amortización del anticipo entregado porque no está invertido.

En otras palabras, la empresa recibió el multimillonario anticipo y no hizo absolutamente nada, tal como lo señalan la interventoría y las auditorías realizadas. En una actitud grosera con los recursos públicos, la misma que reflejó al atacar salvajemente a la pediatra Dalila Peñaranda y la empleada Carmencita, junto con otras personas.

En términos generales, la característica de la contratación de estos Juegos Nacionales fue la de la entrega de recursos para las obras, pero estas nunca se realizaron.

Por esta razón, el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué -IMDRI-, resolvió que la Unión Temporal Parque Deportivo 2015 y sus integrantes, manejaron mal e invirtieron incorrectamente los anticipos entregados, por lo cual los sancionó con multa equivalente a 14.210 millones 735 mil 628 pesos.

Por su parte, la Contraloría General de la República fue más lejos en su proceso auditor, al establecer en $66 mil 346 millones de pesos el daño patrimonial causado al Estado, por las irregularidades en la contratación de los estudios y diseños y en la ejecución de las obras contratadas para la construcción y remodelación de los escenarios deportivos en la ciudad de Ibagué, con ocasión de los pasados XX Juegos Deportivos Nacionales y IV Paranacionales.

A estos procesos fueron vinculados un total de 56 personas, entre exservidores públicos del orden municipal, contratistas, asesores, interventores y supervisores, entre ellos el Alcalde municipal para el período 2012-2015, Luis Hernando Rodríguez Ramírez, y el Director del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de la época.

Desde entonces la Fiscalía ha venido imputando al grupo de funcionarios y contratistas involucrados en este multimillonario escándalo de corrupción.