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20 entidades firmaron pacto para luchar contra la piratería audiovisual

Buscan defender los derechos de propiedad intelectual en Latinoamérica.

Más de 20 entidades gubernamentales y del sector privado firmaron este lunes un pacto para luchar contra la piratería y defender los derechos de propiedad intelectual en Latinoamérica.

El pacto, acordado en Washington D.C., incluye medidas como el bloqueo a proveedores de servicios de internet con transmisiones de contenido ilegal y mecanismos para evitar que esos contenidos piratas sean monetizados.

"La piratería de contenido audiovisual en el entorno digital es uno de los principales problemas que aquejan a toda la industria audiovisual, los derechos de autor y la propiedad intelectual”, explicó el gerente de asuntos penales de Telecom Argentina, Sergio Piris.

Los firmantes del acuerdo, que incluyen entes reguladores estatales de Uruguay, Venezuela y Colombia, entre otros países, se han comprometido a implementar las medidas en el plazo de un año, en virtud del documento adoptado en el marco de la Cumbre Latinoamericana de Telecomunicaciones.

"Lo que venimos a proponer hoy es trabajar en conjunto. Formalizamos el primer llamado a trabajar todos en conjunto, sin dejar de ser cada uno o que es", indicó, por su parte, Pablo Scotellaro, presidente ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el acceso a la Sociedad de la Información de América Latina (CERTAL).

Entre las medidas adoptadas por los países está también la adopción de la marca de agua en los contenidos audiovisuales, lo que permite rastrear dónde se replican e identificar cuentas de usuarios que sean usadas para "ofrecer acceso ilegal a contenidos" y, en consecuencia, bloquearlas.

A su vez, las entidades se comprometieron a reforzar los controles aduaneros para incautar y destruir de manera eficaz los contenidos "piratas" que permiten captar señales y llevar a cabo campañas de concienciación para  evitar que los usuarios consuman servicios ilegales.

"Más del 50 % de los usuarios de internet que acceden a servicios que ofrecen contenido audiovisual ilegalmente desconocen si los referidos servicios son legales o no”, explica el pacto.

EFE

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