La Contraloría General de la República adelanta en el departamento del Cesar 101 procesos de responsabilidad fiscal por una cuantía total de $163.239 millones. Dos de estos procesos son por irregularidades en el desarrollo y construcción de viviendas de interés social en el departamento.

El primero de estos procesos, por $20.010 millones, tiene que ver con la construcción de la Urbanización Nuevo Amanecer Etapas 1 y 2, en el municipio de Aguachica, cuyo objeto fue la “construcción de vivienda de interés prioritario en los municipios de San Alberto, Aguachica, Curumaní, Astrea, Becerril, San Diego y Gamarra.

Se determinó que la urbanización fue construida en un lote que no era apto para ello, generando falencias como grietas y fisuras en los muros, así como inundaciones por aguas lluvias en las viviendas.

El segundo, por $651 millones, se relaciona con la administración de recursos de subsidios de vivienda rural, en ocho corregimientos del municipio de Valledupar.

Su objeto era la administración de los recursos de subsidio de vivienda rural para beneficiar a 180 hogares en los corregimientos de Valencia, Guaimaral, Atanquez, El Jabo, Patillal,  Badillo,  Los Venados, Mariangola, Aguas Blancas, suscrito entre el Banco Agrario de Colombia y la Asociación Promotora para el Desarrollo Social, Económico y Ambiental de la Costa Caribe Asoproagros por valor de $1.421 millones.

En el desarrollo del proceso de responsabilidad fiscal se ordenó la investigación de bienes, en aras de garantizar el resarcimiento del patrimonio público.

La Contraloría General de la Republica también adelanta dos procesos de responsabilidad fiscal por valor de $11.072 millones, por irregularidades en la implementación de sistemas autónomos de generación de energía solar fotovoltaica en los municipios de La Paz y Agustín Codazzi.

Se detectaron irregularidades en la ejecución del contrato cuyo objeto fue la “implementación de sistemas autónomos de generación de energía solar fotovoltaica para la energización de viviendas en las zonas rurales no interconectadas del municipio de La Paz”, suscrito con la Unión Temporal Energías para La Paz, por valor de $9.833 millones y del contrato de interventoría celebrado con Proingres SAS, por valor de $590 millones.

La obra presenta posibles sobrecostos por aplicación de AIU en suministro de equipos de energía solar; sobrecostos en la adquisición de los equipos del sistema de energía solar y debilidades en la planeación y no sostenibilidad en el tiempo del proyecto de energía solar.

El otro corresponde a irregularidades presentadas en la ejecución del contrato de obra suscrito entre el municipio de Agustín Codazzi y la Unión Temporal Construeléctrico Solar por valor de $7.120 millones.

Se evidenció que el municipio de Agustín Codazzi, durante la etapa precontractual, no efectuó los estudios de mercado respecto de los equipos requeridos para la ejecución del proyecto, lo que condujo a la existencia de sobrecostos en la adquisición de los productos de algunos de los ítems del contrato, tales los paneles solares, las baterías de litio, los controladores e inversores de carga, así como en el transporte de las baterías de litio desde Barranquilla.

También se adelanta un proceso de responsabilidad fiscal por presuntas irregularidades en el contrato celebrado entre el Hospital José David Padilla Villafañe de Aguachica y la Clínica de Emergencias Laura Daniela, cuyo objeto fue “establecer una alianza estratégica con un prestador de servicios de cuidados intensivos neonatales, pediátricos y adultos, en la sede del Hospital Regional José David Padilla Villafañe”.

En la ejecución del contrato se identificaron una serie de irregularidades tales como que, se obliga a la ESE a cubrir el 50% de los costos de equipos y elementos necesarios para la habilitación y operación de las áreas de UCI, los cuales deben ser asumidos por parte del aliado estratégico; la no compra de los servicios de apoyo de diagnóstico y terapéutico, de procedimientos y demás servicios complementarios; daño emergente por concepto de arrendamiento o compensación del área física de las unidades de cuidado intermedio adulto, pediátrico y unidad de quemados; daño emergente y lucro cesante por el no funcionamiento de las mismas unidades.

Otras presuntas irregularidades se detectaron en la optimización de planta de tratamiento de agua potable en el municipio de Agustín Codazzi, contrato suscrito con el Consorcio Aguas Hidráulicas de Codazzi (Cesar), en cuantía de $8.666 millones y en el contrato de interventoría celebrado con la sociedad NG Proyectos & Soluciones Ltda., por un valor de $433 millones.

En la ejecución de los contratos se presentaron una serie de irregularidades, tales como la dispersión de fondos a terceros, diferentes al contratista sin soportes del contrato de obra, liquidación del contrato de obra con deficiencias en ítems pagos y deficiencias en la calidad de obra, así como costos presupuestados y no ejecutados en el contrato de interventoría y remanente de pagos por error no devueltos.

Por último, adelanta proceso de responsabilidad fiscal por presuntas irregularidades presentadas en el contrato de obra cuyo objeto fue la “construcción del centro de salud de la Loma, municipio de El Paso, Cesar”, celebrado entre el departamento y este municipio, por un valor de $ 6.741 millones.

Dicha obra presenta incumplimiento y tiene defectos constructivos técnicos que afectan su funcionalidad.