Según el Ministerio Público: "faltó a la verdad al no informar que el bien donde se encuentra está embargado como parte de un proceso de extinción de dominio".
Señaló que si la medida busca proteger la salud y la dignidad humana de López Romero, el traslado a su casa pondría en riesgo e interrumpiría los tratamientos que actualmente recibe en el CARI.
