Marta Lucía Zamora.
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El Nuevo Siglo,

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Marta Lucía Zamora será la directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado

Reemplaza en el cargo al conservador Camilo Gómez Alzate.

La exfiscal Marta Lucía Zamora fue escogida por el Presidente de la República, Gustavo Petro, como directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, una de las posiciones más importantes en todos los gobiernos.

Zamora se desempeñó como directora de Asuntos Jurídicos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y también es reconocida por su labor como Fiscal General encargada, luego de la renuncia de la entonces fiscal Viviane Morales.

Marta Lucía Zamora es abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca (España), participó como relatora de la Comisión Codificadora de la Constitución en la Asamblea Nacional Constituyente en 1991.

Desde el 2001 hasta el 2009 trabajó en la Procuraduría Delegada para la Casación Penal.

En el 2012 asumió el cargo fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia Coordinadora de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia.

Para el 2014, se desempeñó en la dirección administrativa de la Jurisdicción Especial para la Paz. 

Hace unos años la Fiscalía General de la Nación le abrió una investigación por presuntas irregularidades en ese cargo. Sin embargo, hace un mes fue exonerada.

Marta Lucía Zamora reemplaza en el cargo al conservador Camilo Gómez Alzate.

La Agencia de Defensa Jurídica del Estado tiene como funciones defender los intereses del Estado colombiano en casos como cuando esté comprometida una entidad de la Administración Pública del orden nacional por ser parte en un proceso.

Los relacionados con procesos en donde se demanden los documentos en los cuales las entidades públicas del orden nacional tomen decisiones o manifiestan su voluntad, como actos administrativos y los procesos en los cuales se discuta su sentido o aplicación.

También los procesos en los cuales se discuta una conducta o actuar de un servidor perteneciente a una entidad pública del orden nacional.

Igualmente casos en el orden regional o internacional en los cuales haya sido demandada la Nación.

Los demás que determine el Consejo Directivo dentro de los lineamientos y prioridades señalados por el Gobierno Nacional.


 

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