Joao Herrera, Alcalde de Soledad.
Joao Herrera, Alcalde de Soledad.
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Archivo Zona Cero

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Los contratos que se niega a pagar el Alcalde de Soledad Joao Herrera

El mandatario prefirió pagar tres días de arresto, suspendidos por el Tribunal, y no acceder a las millonarias reclamaciones de dos contratistas.

Por José Granados Fernández
@JoseGranadosF

“Prefiero cumplir el arresto (de tres días) antes que pagar esos contratos de los que no hay una información clara, ni llenaron los requisitos legales”. Eso dijo el alcalde de Soledad, Joao Herrera, al presentarse a la Escuela de Policía a cumplir la decisión que en su contra impartió el Juez Primero Municipal.

El funcionario se refería a las reclamaciones que Society Protection Tehnics Colombiana, Soproteco, y Society Services, Sosegese, presentaron ante su despacho por $3.821.945.386.

De acuerdo con informaciones suministradas a Emisora Atlántico y Zona Cero.com por la secretaria general y alcaldesa encargada de Soledad, Erika Escaf Vergara, de los contratos con Soproteco y Sosegese llaman la atención varios hechos que guardan similitud: las dos empresas funcionan en la misma dirección y, de acuerdo con certificados de la Cámara de Comercio, hay personas vinculadas por igual a ambos contratistas.

Como si fuera poco, Soproteco y Sosegese ganaron sus millonarios contratos como únicos proponentes en 2014 en la administración de Franco Castellanos.

Reajuste millonario 

A Soproteco la adjudicaron la licitación SG-LP-018-2014 para el servicio de vigilancia en las instituciones educativas públicas y la Alcaldía de Soledad, por valor inicial de $2.169.335.082.

El contrato fue firmado el 22 de octubre de 2014 y posteriormente la Alcaldía suscribió, el 5 de enero de 2015, un otrosí por $1.084.667.541. Es decir, el contrato sumaba $3.254.002.623.

El 6 de julio de 2015 firmaron la liquidación y la alcaldía de Castellanos reconoció unos “reajustes y demás” por $4.654.380.194.

Después, el 30 de diciembre de 2015, a pocas horas de terminar la administración de anterior alcalde, el Municipio pagó $3.211.714.334, es decir quedó debiendo $1.442.665.860.

Ahora, además de este saldo, Soproteco, en carta dirigida al alcalde Joao Herrera el 18 de abril de 2018, cobra intereses de mora por $1.349.913.265, para una deuda total de $2.792.579.125.

El gerente de esta empresa es Carlos Felipe Rendón Gutiérrez.

El otro contrato

Con respecto a Sosegese, Escaf informó que en la anterior administración le adjudicaron la licitación SG-LP-012-2014 para el aseo de los colegios.

El contrato fue firmado el 11 de agosto de 2014 por $1.428.502.020 y, al igual de Soproteco, fue suscrito un otrosí, el 26 de enero de 2015, por $714.251.010

Al igual que con Soproteco, el mismo 6 de julio de 2015 firmaron la liquidación del contrato y, a solicitud del contratista, le reconocieron una deuda por $538.817.907 por “reajustes y demás”.

El Municipio tampoco pagó esta deuda en el plazo previsto por la administración de Castellanos y por intereses de mora se acumularon otros $490.548.354, por lo que ahora Sosegese reclama un total de $1.029.366.261.

Su represente legal es Jaime Oliveros Caicedo. Su e-mail joliveros@soproteco.co aparece como correo comercial de Soproteco.

El gerente suplente de Sosegese es Carlos Felipe Rendón Gutiérrez, quien, como ya se dijo, es el gerente de Soproteco.

No hallaron soportes

Escaf señaló que, si bien los dos contratos tenían Certificado de Disponibilidad Presupuestal, CDP, en la administración de Castellanos no le asignaron Reserva Presupuestal, RP, para los respectivos pagos.

Manifestó que intentaron rehacer los expedientes de los contratos, como lo ordenó el juez que decretó el desacató contra el alcalde Joao Herrera, pero no encontraron mucha información, como las interventorías ni otros soportes sobre el cumplimiento de estos.

Recordó la alcaldesa encargada que en el empalme con la administración de Castellanos no recibieron mucha información y documentación.

Explicó Escaf que como en la reconstrucción no encontraron soportes de las exigencias, la actual administración “no pueden reconocer obligaciones porque no existen los requisitos legales”. “No podemos proceder si no cumplen los requisitos de ley”, subrayó.