La Fiscalía General de la Nación pidió a la Corte Suprema de Justicia investigar a dos congresistas, la senadora Yamina Pestana y la Representante Tatiana Cabello, por posibles hechos de corrupción que comprometen recursos del sector de la salud y la ética de servidores públicos.

Así lo informó este miércoles la Fiscalía, mediante un comunicado de prensa, en el que explica las razones por las que compulsa copias a la Corte Suprema de Justicia para que las investigue.

Caso Pestana

El caso de la senadora cordobesa del Partido Conservador Yamina del Carmen Pestana Rojas, según la Fiscalía, es por irregularidades en la campaña electoral de 2014.

"Dentro de la investigación que adelanta el Grupo de Trabajo de Salud de la Fiscalía por posible corrupción en la EPS y la IPS indígena Manexka, con sede en el municipio de San Andrés de Sotavento y otras poblaciones de Córdoba, el ente acusador recopiló testimonios que ponen al descubierto la presunta desviación de recursos públicos con el fin de financiar la campaña  de Pestana Rojas para llegar al Senado de la República", indicó el ente acusador.

La EPS Manexka fue creada hace cerca de 19 años, con la misión de administrar los recursos de la salud del resguardo indígena Zenú en los departamentos de Córdoba y Sucre y ha sido objeto de investigaciones por múltiples irregularidades que van desde recobros por supuestos servicios prestados, hasta vínculos con grupos paramilitares.

Según las pruebas recaudadas el detrimento podría ascender a más de siete mil millones de pesos ($7.000.000.000).

Caso Tatiana Cabello 

La Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía compulsó copias ante la Corte Suprema de Justicia para que investigue a la representante a la Cámara por Bogotá, Tatiana Cabello Flórez, por presuntos hechos de corrupción. Cabello es del partido Centro Democrático.

"La investigación se inició cuando el pasado 12 de septiembre la directora del  partido Centro Democrático acudió a la Fiscalía con el fin de que se investigara la denuncia presentada por una integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la congresista, en donde se afirma que a algunos miembros de la UTL les cobraba parte de su sueldo como condición para continuar laborando en esa entidad", indicó la Fiscalía.

De acuerdo con la Fiscalía, "en el curso de dicho proceso se obtuvo un testimonio que indica que la representante habría recibido dineros relacionados con el trámite de un proyecto de ley, motivo por el cual también se informó de este hecho a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en la respectiva compulsa".