Para nadie es un secreto que el controversial pleito entre la multinacional italiana Enel y el Grupo Energía de Bogotá (GEB) le está pasando altas facturas a ambas empresas, pero sobre todo a los bogotanos, quienes son los más afectados en este altercado.  Los desacuerdos, rivalidades y desconfianzas generadas a raíz del conflicto entre los socios, no solo han aumentado las tensiones, sino que además han frenado a el GEB en su apuesta por el desarrollo de las energías renovables.

La preocupación que ha desencadenado esta batalla legal, no es para menos, teniendo en cuenta que se trata de una disputa millonaria entre dos grandes del sector energético de Colombia, que anualmente le aportan a la capital del país, cerca de 800.000 millones de pesos en utilidades.  Esta unión que ha liderado con éxito las empresas Enel-Codensa y Enel-Emgesa, era en un principio un referente de buen desempeño en el sector, pero hoy se ha convertido en el blanco de quejas en Bogotá y sus alrededores por la disminución que ha presentado en la calidad del servicio energía con frecuentes apagones.

A las actuales demandas ante tribunales de arbitramento realizadas por el Grupo Energía de Bogotá a Enel; por el desarrollo de iniciativas de energías limpias a través de Enel Green Power, y no de Enel-Emgesa; el cambio de los nombres de las empresas y la distribución de los dividendos, hay que sumarles el vergonzoso cóctel de chuzadas telefónicas que tienen a la presidente del GEB, Astrid Álvarez Hernández, en medio de una investigación por la firma de un contrato con la empresa que chuzó las comunicaciones del director general de Enel Colombia, Lucio Rubio Díaz.

Son numerosas las dudas que han surgido alrededor del contrato que en 2018 firmaron el Grupo de Energía de Bogotá y la consultora Berkeley Research Group, implicada en las chuzadas ilegales al interior de la Fiscalía, cuyo monto asciende a más de $3.000 millones, los cuales no han sido justificados y son motivo de investigación por parte de la Contraloría de Bogotá.  Ante este hecho, no podemos olvidar el antecedente que tiene la señora Álvarez, quien en 2007 se vio involucrada en un escándalo de grabaciones sobre contratos de transporte aéreo entre Ecopetrol y Helicol, propiedad de Avianca.  Ojalá pronto se resuelva este bochornoso caso que enreda más el futuro de esta unión.

Sabemos que la alcaldesa Claudia López quiere dejar su impronta en Bogotá con la implementación de energías renovables y el transporte eléctrico, sin embargo será difícil que con tribunales de arbitramento y posibles seguimientos clandestinos se pueda construir la confianza necesaria para apostar millones de dólares en limpiar el aire de la ciudad y generar ingresos para el desarrollo y progreso de la capital.  Eso sin mencionar, la gran desventaja que significó para el GEB no participar en la subasta de energía renovable por las implicaciones en la disputa actual con Enel.

La limitación que tiene el Grupo Energía de Bogotá para el desarrollo de la línea de negocios de generación de energía limpia, a causa de la discordia con sus socios, ha impactado de manera negativa a la empresa, que está perdiendo grandes oportunidades de avanzar en las renovables. Los desacuerdos con Enel en los negocios de energía renovable que según el GEB violan los acuerdos contenidos en el contrato de asociación, tienen al Grupo atado de manos en el desarrollo de estos proyectos porque el reclamo se encuentra en tribunal de arbitramento.

Es lamentable que esta, la que fuera la alianza público-privada más larga en el tiempo y más exitosa, pase hoy por momentos de gran tensión que la exponen a una ruptura.  Es hora de que se termine esta guerra que no está haciendo más que afectar el patrimonio de los bogotanos y detener la expansión de las energías renovables en la capital.  Esperamos que pronto se aclare las acusaciones de las chuzadas y se reparen las relaciones entre los socios para que el oxígeno fresco de la nueva administración llegue al timón máximo de una de las empresas más admiradas y respetadas del país.