En la página de la Alcaldía de Bogotá se lee que “La Alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López, hizo una petición para que los ciudadanos firmen la carta contra la impunidad”, referida al proyecto de ley a través del cual el Ministerio de Justicia busca reformar el sistema penal, procesal penal y penitenciario.

El texto que se ha conocido en días recientes corresponde a una iniciativa que el gobierno planea presentar ante el Congreso próximamente con el objeto de “humanizar la política criminal”. Para ello, rebaja la pena máxima en Colombia, ofrece más beneficios a los presos y, de aprobarse, supondría la libertad inmediata de varios delincuentes condenados.

Entre los cambios que más han generado debate, se encuentran:

• La reducción de la pena máxima en Colombia y de la de delitos como el homicidio agravado, feminicidio agravado y violación de NNA;
• La despenalización algunos delitos, como injuria, calumnia, inasistencia alimentaria, incesto e irrespeto a cadáveres, entre otros, y
• La ampliación de las posibilidades de conceder beneficios como prisión domiciliaria, permisos de salida y libertad condicional, entre otros.

Evidentemente, es una iniciativa que rompe con la tradición. Desde que se expidió nuestro Código Penal (en el 2000), ha sido reformado entre 2 y 4 veces por año. Casi siempre, para aumentar penas o ampliar el alcance de los delitos. Hasta donde tengo conocimiento, ninguna ley, deliberadamente, ha disminuido las penas (hubo una ocasión en el 2011, pero no fue intencional y a los pocos días se reformó nuevamente).

Esta progresiva expansión del derecho penal ha llevado a que, en un día cualquiera, los colombianos gastemos:

• COP 115.000 millones en el sector “defensa y policía”
• COP 6.600 millones de pesos en que el INPEC custodie a los presos y
• COP 1.100 millones en mantener o construir las cárceles y prisiones del país

Actualmente, contamos con un sistema penal particularmente severo:

• En el último siglo, la pena máxima pasó de 24 a 60 años de prisión;
• La pena máxima hoy en Colombia es el doble de la pena máxima promedio en el mundo (30);
• Aunque, formalmente, el máximo es de 60 años, hay delitos que tienen hasta 90 años de prisión;
• La ONU considera “grave” una pena de 4 años y, en Colombia, 2/3 delitos tienen eso o más como pena mínima.

Pese a todo, hay cifras que demuestran que en Colombia se cometen cerca de 1.000 homicidios al mes; que casi la mitad de los presos en nuestro país tienen menos de 30 años, y que solamente en los últimos años la reincidencia ha aumentado en un 80%.

Y no ha sido por falta de encarcelamiento: cuando entró en vigencia nuestro actual Código Penal, teníamos 52.000 personas privadas de su libertad; veinte años después, esa cifra llegó a ser de 120.000. Según datos de la Fiscalía General de la Nación, desde el 2010 se han duplicado las denuncias anuales (900.000 a 1.800.000 aprox.) y la Policía Nacional reporta que hoy se capturan más personas que nunca antes en la historia.

En mi opinión, el articulado propuesto tiene varios errores de coherencia dogmática, técnica legislativa y política criminal. Sin embargo, comparto su finalidad y creo que vale la pena darnos la oportunidad de discutir alternativas a lo que ha sido un probado fracaso: ya intentamos el endurecimiento de las penas, el aumento del pie de fuerza y la restricción de beneficios, y hoy estamos peor que ayer casi frente a cualquier métrica de justicia y seguridad ciudadana.

Es momento de intentar otra cosa.