La masacre perpetrada por grupo o grupos terroristas en la Escuela de Cadetes de Policía Santander en Bogotá, nos volvió a abrir los ojos, entendiendo que la tan anhelada paz de la que hemos venido persistiendo los colombianos sigue enfrentando la horripilante persistencia de los enemigos de esa paz que le impide hacerse vigente. Aquel primer y gran paso dado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc, no es más que eso, un primer paso para intentar acabar con más de sesenta años de violencia intestinal que nos consume desde entonces a los colombianos.

El gobierno debe, como debió entender siempre, que la guerra fratricida no ha sido ni es solo contra un grupo guerrillero como las Farc; las fuerzas irregulares, opositoras están enquistadas más allá de los fusiles en las montañas. Está también, en todo tipo de oposición incluyendo al ELN, el paramilitarismo, el narcotráfico y la delincuencia común y hasta la descomposición que corroe al gobierno. Todo ello teniendo como  punto central de argumento la injusticia y desigualdad de las clases sociales.

Porque ese primer paso en los acuerdos de la Habana, si bien mostró un “alto en el camino” por parte de las Farc, no lo es en todo el recorrido para la paz que anhelamos. Por eso resultaba imprescindible y urgente también afrontar los diálogos y acuerdos con el ELN, segunda fuerza guerrillera que, históricamente ha mostrado tanta fuerza y barbarie como las primeras. Pero se dejó todo al garete, con descuido, como si esta fuerza opositora no tuviera el músculo bárbaro y creyendo quizás que resultaría más fácil de liquidar sin entendimiento con el gobierno.

Crasa equivocación. El gobierno del Presidente Duque debió seguir la carrera desarmanmentista que su antecesor, supuestamente, había logrado con las Farc. En cambio, se ha dejado influenciar por las directrices de sus jefes políticos que, han demostrado hasta la saciedad, no querer llegar a la paz que 50 millones de ciudadanos exigimos.

Las consecuencias han comenzado bien temprano este año. Los 21 cadetes de policía, las más de 50 personas heridas y otros tantos desaparecidos son las víctimas inocentes que han pagado un precio de esa indolencia gubernamental y esa desidia con que se ha mirado al opositor. Condenamos desde luego esa barbarie de la Escuela de Policía en Bogotá, como condenamos igualmente los asesinatos de los más de 400 líderes sociales y comunales en el país por ser voceros y defensores  de derechos humanos y por buscar justicia social.

El gobierno es el primer llamado a entender que la paz no se consigue con enfrentamientos de armas, para demostrar que el Estado y ias Instituciones están por encima de todo. Más de 60 años se han vivido en la violencia  de montañas, calles y ciudades y los resultados han sido totalmente nefastos para la población y sin ningún triunfo que resaltar para el gobierno. La paz hay que conseguirla con igualdad social, con justicia verdadera, no corrupta, ni protegiendo a unos (delincuentes y criminales de cuello blanco) y condenando o sacrificando a otros (inocentes en los centenares de falsos positivos). “No más terrorismo”, “no más masacres” y tantos otros mensajes adornados en discursos políticos y en marchas gigantes en calles de ciudades realizados en tantos años de infructuosos intentos. Se requiere una verdadera política de manejo gubernamental.

Y en ese compromiso el Presidente y su equipo de gobierno deben ser los primeros en izar banderas. Comenzando por “descabezar” la corrupción enquistada en el poder legislativo,  ejecutivo y judicial. Y no tapando y disimulando la corrupción de ministros, congresistas y jueces hasta de alto rangos como en el caso de la Fiscal General. Tanto se condena los repudiables actos de barbarie como los de la Escuela de Cadetes, como la masacre de los representantes comunales y la corrupción de jueces y demás.

Sí, es cierto, así como  el ELN, el narcotráfico y el paramilitarismo  deben entender y aceptar que todo tipo de acuerdo o negociación debe partir desde la legitimad del Estado, así mismo, el gobierno debe dar pruebas fehacientes de querer negociar la paz, una verdadera paz que esté enmarcada en decisiones de justicia social, libre de dudas y demás prejuicios que sentencian y condenan a unos y dejan sin culpa a otros.

Que  la justicia condene como debe ser a los verdaderos culpables, materiales e intelectuales de  tanto horror y que no sigamos en el camino de los falsos positivos y la corrupción, distrayendo la atención del pueblo para soslayar responsabilidades como las que envuelve a nuestro país por tantos años.