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Opinión
11:03 am. Jueves 07 de Noviembre de 2019

Cuando las cosas van mal, siempre son susceptibles de que vayan peor. Este parece ser destino del  Ministro de Defensa Guillermo Botero quien desde hace meses está en el ojo del huracán. A pesar de las fuertes críticas de distintos sectores políticos por las repetidas masacres a líderes sociales y de la comunidad indígena, él seguía aferrado a un cargo al que, cada vez más, parecía “estar pegado con saliva”. Y como si fuera poco, ahora está envuelto en un nuevo escándalo al revelarse  que ocho de los catorce dados de baja en un operativo militar en Caquetá, son menores de edad

Lo peor, es que de no ser por las denuncias del Senador Roy Barreras sobre el ataque del ejército en Caquetá el pasado dos de septiembre,  el país no se hubiera enterado que en el operativo contra “Giraldo Chucho”, murieron los ocho  menores con edades entre los 12 y 17 años. La explicación extemporánea del Ministro, no convenció a nadie. Parecía una réplica de sus otras desafortunadas respuestas como cuando se le preguntaba por el origen de hechos de violencia en alguna región  del país y que él atribuyó a “bandas que robaban ropa en patios ajenos”. Ahora su respuesta fue que “se desconocía que en el sitio del operativo se encontraban menores”.

¿Entonces los abatidos no eran catorce disidentes de las Farc como había hecho público? ¿Puede una niña de doce años ser disidente de las Farc? Si el operativo fue producto, como él mismo dijo, de una concienzuda planeación ¿por qué la inteligencia militar “jamás supo” de la presencia de los niños?

Pero vayamos por partes. Las fuerzas militares deben combatir la criminalidad en todas sus formas. Eso, es un hecho que no merece discusión. Pero cuando se habla de que un operativo es planificado, estudiado, consultado y se tienen datos de cuántos están en el sitio de los hechos, no se explica cómo un detalle tan llamativo como la existencia de menores de edad en el objetivo del ataque, no fuese conocido.

Esto nos lleva entonces al punto álgido de que, o sí sabían y bajo el argumento de que eran menores armados al servicio de la criminalidad, siguieron con la operación, sin pensar en las graves consecuencias, o en verdad “la inteligencia” hizo un trabajo a medias que impidió descubrir quiénes eran los estaban ahí.

Y es entonces cuando viene la mentira. El encubrimiento. Haber ocultado información sobre el real resultado del operativo, ya es sinónimo de culpabilidad.

“Daño colateral”, podrán argüir algunos alegando que la culpa es de las bandas criminales que reclutan menores, poniéndolos como carne de cañón ante la arremetida de las fuerzas militares.

En la candente plenaria del Senado en que se debatió el bombardeo, el senador Barreras aseveró que "…a  los colombianos se les ocultó esta información. En septiembre 2 del 2019 dijo el Ministro de Defensa, aquí presente, que son 14 los delincuentes muertos en desarrollo de las operaciones militares en el Caquetá contra las disidencias del GAO residual: 14 los delincuentes muertos. Nunca se dijo nada de los ocho menores”. El Senador recalcó que los cuerpos jamás fueron vistos porque los presentaron envueltos en bolsas negras.

¿Acaso sí sabían que los menores estaban ahí? La respuesta parece tenerla el Procurador de Puerto Rico, Caquetá, Enrique Carreño, quien afirma que desde antes del operativo había advertido que tres niños fueron utilizados y reclutados forzosamente en zona rural del municipio de Puerto Rico, en el corregimiento de Lucitania. Esos tres, están entre las víctimas. Así que Mindefensa debía saber que, por lo menos tres menores, estaban en el sitio.

Este nuevo escándalo estalla después de los duros cuestionamientos al Ejército y al Ministro Botero, por el asesinato de Dimar Torres, ex militante de las Farc y campesino en Norte de Santander, baleado a quemarropa por el cabo Daniel Eduardo Gómez Robledo, quien estaba bajo las órdenes del teniente Jorge Armando Pérez, que comandaba el batallón de Operaciones Terrestres No. 11. Sobre este suceso, que han denominado como “un crimen de Estado”, el Ministro aún no ha podido dar las respuestas necesarias, en medio del ocultismo con que se han manejado los hechos. A esto se le suma el reciente asesinato del  campesino y defensor de Derechos Humanos Flower Jair Trompeta Paví,  en la vereda La Laguna, en zona rural de Corinto, Cauca, y los numerosos asesinatos de líderes sociales en el país.

No mengua la violencia en Colombia. Y la respuesta del Ejército se ve empañada por circunstancias que ponen en duda  su efectividad, mientras que arrecia la incertidumbre sobre asesinatos selectivos, muchos de ellos “anunciados” por las propias víctimas, a los que el Estado no ha podido proteger.

Y por eso, le llegó la hora a Botero. La hora esperada por muchos (tarde por demás) de separarse del cargo que le quedó grande.  A pesar de las explicaciones –insuficientes—y de sus estadísticas con que trata de convencernos que se está ganando la lucha contra la delincuencia organizada, demostró que no era el hombre para ese Ministerio.

La muerte de ocho menores, ocultas en el informe del operativo, ya es un síntoma alarmante de cómo se está manejando la estrategia militar. Y querer justificar las muertes como producto del “daño colateral” al combatir a las bandas criminales, nos hace pensar que cosas peores están por venir.

 

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