En medio de un “calor infernal”, el pasado jueves, sesionó en El Carmen de Bolívar la “Mesa por la Vida”, un escenario con carácter deliberatorio y propositivo convocado por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General en la que las víctimas, en su mayoría de los Montes de María, tuvieron la oportunidad de presentar a las autoridades el crudo diagnóstico de la situación de derechos humanos de la región y reclamar al gobierno medidas de prevención y protección para sus líderes y lideresas.

Esta cita en El Carmen de Bolívar tuvo como antecedente la firma de denominado “Pacto por la Vida”,  suscrito por el presidente Iván Duque el 23 de agosto de 2018 en Apartadó; pacto en el que el gobierno se comprometió al diseño participativo de la política pública de protección y prevención integral, a asumir los compromisos del Estado en materia de seguridad, protección colectiva, lucha contra la impunidad y garantías de no repetición, a modernizar y fortalecer con recursos la Unidad Nacional de Protección y a garantizar el funcionamiento de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

Al presentar su balance sobre el estado del cumplimiento del “Pacto por la Vida” el Procurador Fernando Carrillo dejó en evidencia que el gobierno del presidente Iván Duque incumplió los compromiso que se hizo en Apartadó; sus palabras fueron fulminantes, le dijo al gobierno sin equívocos que “se terminaron las excusas”, le reclamó “acciones efectivas para detener los asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales, le exigió “parar esta masacre”, advirtió que “el tiempo se esta acabando”.

A las víctimas allí presentes nos sorprendió el anuncio del gobierno según el cual en poco tiempo el país contará con una red de informantes conformada por un millón de integrantes, el anuncio no pudo ser peor para quienes en los Montes de María fueron víctimas de la “Red de Cooperantes” que existió durante la época de la Seguridad Democrática, en la administración del hoy Senador  Álvaro Uribe.

Imposible resultó para las víctimas no traer a su memoria lo ocurrido aquel 17 de agosto  de 2003 cuando basados en la perversa información suministrada por la “Red de Cooperantes”, se produjo la detención masiva de 156 humildes campesinos en medio de operativos realizados por la Fiscalía, la Policía y la Infantería de Marina en los municipios de Chalán, Colosó y Ovejas. Quienes representamos a las personas capturadas logramos en el escenario judicial demostrar que aquello era un montaje y en consecuencia 128 de esas personas fueron dejadas en libertad por falta de pruebas. Esta estrategia se convirtió en una verdadera cacería de brujas.

Se nos vino también a la mente el contenido de un pasacalle exhibido en un acto público realizado en Barranquilla con ocasión al primer aniversario del asesinato del profesor Alfredo Correa De Andreis, la frase allí impresa no podría ser más reveladora “El sapo acusa, la Fiscalía absuelve, el sicario asesina”. El sacerdote Francisco De Roux, que preside la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad,  debió recordar de inmediato que ese fue uno de los métodos al que de forma sistemática recurrió la llamada “política de seguridad democrática”.

Amparado en la “Red de Cooperantes” el sapo tenía por función prestarse para servir de “testigo” contra los opositores del presidente Uribe, la fiscalía, con previa solicitud de los organismos de inteligencia, ordenaba la captura para después por falta de pruebas dejar a la persona en libertad y luego el sicario amparado en la “ausencia de justicia estatal” procedía a ejecutar a quien la red de cooperantes había puesta la lapida al cuello.

Vale recordar también que en 2007 fue filtrado por Wikileaks un cable diplomático enviado a Washington  desde la embajada de los Estados Unidos en Colombia según el cual solo en la Brigada XII participaban 250 ex paramilitares en la “Red de Cooperantes”. Por cuenta de los jefes paramilitares Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, Freddy Rendón, “el Alemán” y Rodrigo Tovar, “Jorge 40”,  supimos que había un acuerdo con el gobierno Uribe para que sus redes de informantes se incorporarán a las redes de cooperantes del Ejército.

A su turno, el Consejero para la Paz Francisco Barbosa anunció que la estrategia más importante del gobierno para proteger a los líderes y defensores de derechos humanos consistía en el ofrecimiento de “recompensas por quienes están matando a nuestros líderes y defensores de derechos humanos”.  Se refería sin duda a la publicidad que por estos días se propala por los medios de comunicación en la que se ofrece hasta 4.000 millones de pesos por los integrantes del Comando Central del ELN bajo el argumento de que ellos son quienes están asesinando a los líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Pero como “no hay cuña que más apriete que la del mismo palo”, fue la Vicefiscal María Paulina Riveros quien se encargó de debilitar el argumento del Comisionado de Paz. En su intervención, ella manifestó que según las estadísticas de la Fiscalía al ELN solo se le imputa la comisión de una cifra inferior al 10 por ciento de los crímenes contra líderes sociales en Colombia. Fue allí cuando entendimos la perversidad que caracteriza la campaña unidireccional del actual gobierno en materia de recompensas.

Conocidas las estadísticas de la Fiscalía, la pregunta obligada es ¿por qué razón el gobierno no pone en primer plano el ofrecimiento de recompensas por los integrantes del Clan del Golfo, los Caparrapos, las Águilas Negras, los Puntilleros,  las Autodefensas Gaitanistas, los Pachencas?, estos últimos de quien se dice son muy cercanos  a la Gobernación del Magdalena.

Todo indica que el interés del gobierno es capturar bajo el pretexto que sea a los integrante del COCE del ELN y dejar a sus anchas a los sucesores o herederos del paramilitarismo quienes con la anuencia de algunos integrantes de la fuerza pública asesinan en el Cauca, Choco, Antioquia, Córdoba y los Santanderes a nuestro liderazgo social.

Si algo esta probado en Colombia es el fracaso de la política de recompensas. Al amparo de la figura de gastos reservados el ofrecimiento de recompensas solo ha servido para propiciar actos de corrupción al interior de la fuerza pública y propició igualmente la privación arbitraria de libertad de cientos de personas inocentes.

Lo peor de todo es que la masacre no termina, 431 líderes y defensores fueron asesinados entre 2016 y 2018; 80 han sido asesinados en el actual gobierno, 21 de ellos en lo que va del 2019 para nuestros líderes no cesa la horrible noche.

Si para incumplir los protocolos suscritos con el ELN el presidente Iván Duque recurre a la excusa de no haberlos firmado, en el caso, de salvaguardar la vida de los líderes no hay excusa para cumplir los compromisos suscritos por él en Apartado el pasado 23 de agosto. Como bien lo dijo el Procurador Carrillo “se acabaron las excusas” señor Presidente.

@JoseHTorres