1:00 am. Viernes 08 de Marzo de 2019
Opinión
1:00 am. Viernes 08 de Marzo de 2019

En tiempos confusos y turbulentos, como los que se viven por ahora en el país, cuando la atención nacional debería estar concentrada en las investigaciones que por corrupción, atentados terroristas, dramas como las de HIdroituango y el Chocó y asesinatos de líderes comunales, esa atención es desviada-deliberadamente creemos- por quienes ostentan la máxima autoridad gubernamental, encabezada por el Presidente de la República.

Iván Duque y su equipo inmediato de Ministros y asesores han preferido marcar interés en un tema de singular particularidad como lo es la situación dramática de Venezuela. Todo como factor distractor del pueblo. En efecto, las tan seguidas investigaciones y señalamientos por la prolífica corrupción que coloca a Colombia en un “sitial de preferencia” a nivel mundial, es para nuestro gobierno cosa de segundo o tercer orden. El Presidente Duque, prefirió enrolarse en una pelea internacional en la que Venezuela y Estados Unidos están envueltos, en vez de buscar caminos de solución a los problemas, y bien graves que son, en nuestro país.

Su gran preocupación es lo que acontece y el futuro inmediato en el vecino país venezolano. A tal punto que dejó comprometer la seguridad de Colombia bajo la “protección de los Estados Unidos” ante un posible ataque con misiles de Nicolás Maduro. De lado han quedado las investigaciones de Odebretch en las que el propio Fiscal General está implicado; y las investigaciones a funcionarios de alto rango señalados de actos corruptos como el cartel de las contrataciones, el de la hemofilia, el del PAE (Plan Alimentario de Estudiantes), el cartel del papel higiénico, el cartel de la Toga, Reficar, el cartel del medicamento, el desfalco en las EPS entre otros tantos.

Y ahora con nuevos ingredientes como el caso de 'Jesús Santrich' en el que supuestamente están envueltos un fiscal de la Unidad de Investigación de la JEP y otras personas sobornadas para impedir el traslado del ex miembro delas FARC a la justicia norteamericana

Muchos consideran que todo obedece a un  plan maquiavélico dirigido por los opositores a los acuerdos de paz firmado por el gobierno del ex presidente Santos y las FARC. Y para ello han desplegado todas las fuerzas posible para acabar con la JEP, organismo creado para juzgar y decidir por crímenes de lesa humanidad, secuestros y asesinatos en los que  están involucradas fuerzas oscuras de todo nivel social y político.

Mientras el país se entretiene creyendo en las alarmantes acusaciones del Fiscal Néstor Humberto Martínez contra el fiscal Carlos Bermeo por recibir sobornos en cuantía de 500 mil dólares para que Santrich no sea enviado a la Corte de Estados Unidos, hay- y son muchos los colombianos-que se preguntan ¿hasta cuándo se va a permitir que el Fiscal General siga al frente de la Justicia colombiana cuando debiera haber renunciado mientras surten investigaciones en su contra por corrupción en el caso Odebretch?  

En Colombia no desfallecemos en medir el índice de transparencia de las entidades del Estado, como ejercicio de control social que identifica los espacios donde los débiles diseños institucionales le dejan espacio a la corrupción. Los resultados siguen siendo malos- dice Elisabeth Ungar, directora de Transparencia por Colombia.

Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, habla de esta grave problemática que ha afectado la percepción del país ante el mundo. Esta situación eleva la posibilidad de que la misión de estas entidades no se cumplan y se arriesgue la gestión de los recursos púbicos-

Sostiene Ungar que los resultados resultan más preocupantes, cuando se intenta el camino hacia la transición tras la firma del acuerdo entre el Gobierno y las FARC, de creación de nuevas instituciones que se encargarán de ejecutar programas para la consecución de la paz en Colombia.

La JEP (Justicia Especial para la Paz) es el blanco de quienes se han opuesto sistemáticamente  a la paz y quienes sostienen desde siempre que acabarán con dichos acuerdos, es decir que todo lo convenido en La Habana quede sin piso. No han aceptado a las JEP ante el temor de que puedan conocerse señalamientos y sindicaciones de quienes como la FARC y el ELN también cometieron crímenes de lesa humanidad bajo el amparo del propio gobierno o fuerzas irregulares como el paramilitarismo que tanto mal han hecho al país como las causadas por los grupos guerrilleros.

Al Presidente Duque le restan menos de ocho días para reglamentar u objetar el proyecto estatutario de la JEP. Ha guardado completo silencio, en un mutismo que-según aseguran los analistas- busca el vencimiento del plazo para que sea entonces el Congreso el que decida sobre el particular. Con la creencia que por mayoría del Centro Democrático que dirige Álvaro Uribe Vélez,  (vale decir la gran oposición a los acuerdos de paz), la JEP sea prácticamente reformada o se le aplique “Muerte política”; lo que controvertiría la esperanza de casi 50 millones de ciudadanos que por más de 60 años claman por una verdadera paz en Colombia.

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