La Fiscalía decidió llevarse el caso a Bogotá, pese a que la competencia territorial apuntaba naturalmente a Barranquilla. ¿Qué se puede decir de esto?.

En el peor momento del narcotráfico, cuando los carros bomba eran cotidianos y las cabezas de los policías tenían precio fijo, los colombianos debatíamos si debíamos admitir la extradición de nuestros compatriotas a países extranjeros para que allá fueran juzgados. En su momento, nos “tragamos el sapo” de extraditar a nuestros propios nacionales (algo que pocos países admiten en el mundo), vista la incapacidad del Estado colombiano de hacerle frente a los grandes capos del narcotráfico durante la década de los 90’.

Lo que ha sucedido con Nicolás Petro es, en su propia medida, una pequeñita extradición. Se trata de un diputado del Atlántico, que presuntamente delinquió en Barranquilla, vivía en Barranquilla, su núcleo familiar estaba en Barranquilla y fue capturado en Barranquilla. Con todo, fue montado en un avión y trasladado a Bogotá, a realizar desde allá una audiencia virtual.

No conozco la explicación pormenorizada de por qué ello sucedió así. Uno pensaría que el fiscal del caso hizo referencia a ello en la audiencia de legalización de captura, que fue realizada bajo reserva. Pero, más allá de la argumentación técnica dentro del proceso penal, la Fiscalía General de la Nación -como institución- debe explicar a la opinión pública por qué se tomó todo este trabajo para no llevar el caso en Barranquilla.

El asunto de la competencia tiene su nivel de complejidad técnica y, ciertamente, existen diferencias importantes entre jurisdicciones y clases de jueces. También depende de factores que no siempre son fáciles de determinar, como el sitio de comisión del delito, su momento de ejecución o el avance en el recaudo probatorio. Pero, poniéndolo de modo simple, la cuestión puede resumirse así:

Los jueces penales ordinariamente asumen competencia según dos factores: (i) el lugar del delito y (ii) el tipo de delito. En el caso de Nicolás Petro, presuntamente (i) el lugar de los hechos fue Barranquilla, (ii) el tipo de delito -lavado, de más de 100 smlmv- corresponde a un juez especializado, que hay en Barranquilla. Que, además, el proceso penal pueda llevarse en Bogotá es discutible, pero lo que es innegable es que el caso legalmente podía ser llevado en el mismo sitio en que fue capturado el procesado. Luego, me parece que la pregunta no es por qué llevarlo en la capital, sino por qué no llevarlo aquí. Esa pregunta debe responderse abiertamente.

No seré yo quien desconozca los históricos -y recientes- escándalos en la administración de justicia de Barranquilla. Mal haría con negar las vergonzosas realidades que permean todos los niveles, hasta los tribunales superiores. Pero que la Fiscalía, como institución con presencia en Barranquilla, decida no llevar un caso en esta plaza pudiendo hacerlo me parece, de todos modos, muy grave. Es un golpe duro para la confianza institucional y no debería pasar de agache.

A mí, esto me deja el sinsabor de creer que, a juicio del ente acusador, hay casos para la provincia y casos para la capital. Esto es, tanto como lo fue la extradición en su momento, un sapo difícil de tragar para los funcionarios que día a día trabajan con honestidad y pericia en el ejercicio de sus funciones. Es, también, una triste noticia para todos quienes litigamos en esta plaza. En mi opinión, Barranquilla tiene la capacidad institucional para hacer frente a este y cualquier otro caso, pero eventos como el del traslado de Nicolás Petro minan la credibilidad en nuestra justicia, separan aún más a la provincia de la capital y tienen el perverso efecto de desincentivar la actividad judicial en los casos grandes, ante la expectativa de que sean trasladados.

Hablemos de esto también.