10:06 am. Martes 04 de Junio de 2019
Opinión
10:06 am. Martes 04 de Junio de 2019

Hace algunos días me invitaron a dar una conferencia en una institución educativa que cumplía 37 años. Desde el departamento de historia de dicho establecimiento se me solicitó que generara una presentación que tendría como título, “Los tropiezos de la democracia chilena en su proceso de reinstalación”. Desde ya la temática me pareció muy interesante como profesor de historia, pero también porque se relacionaba, el período en análisis, con mi experiencia vital: a los siete años recuerdo claramente la experiencia del golpe militar; estudié en un liceo público con un rector delegado que era un ex oficial de la fuerza de policía; ingresé a la universidad al mando de una autoridad delegada por el dictador Pinochet (autoridad que además estaba involucrada en la muerte, a través de un bombazo, del General Carlos Prat, en Buenos Aires, Argentina); tenía 22 años para el plebiscito que decidió el destino de la dictadura y que nos permitió recuperar un gobierno legítimo con las elecciones de 1989 y; mi vida laboral docente ha coincidido con la recuperación de la democracia en Chile.

Del resultado de mi reflexión para dicha presentación me di cuenta que los conceptos que quise destacar no sólo son válidos para la realidad de mi país, sino que, y con muy pocos errores, se pueden generalizar a toda nuestra América Latina. Pareciera que la historia nos hermana mucho más que la política y compartimos procesos que, para bien o para mal, se encuentran a la base de estructuras que son parte de nuestra identidad civilizacional.

Desde mi perspectiva, los tropiezos de la democracia se han analizado desde una estructura puramente institucional y que, se ha instituido como el fundamento para validar el éxito o el fracaso de la democracia en nuestra realidad, a saber, el respecto a la institucionalidad que permite que las instituciones funcionen y que garanticen un crecimiento económico que parece ser el objetivo fundamental. Esta visión, bastante decimonónica, demuestra que la democracia en América Latina está en una crisis profunda en la mayoría de los países,  el respaldo de la ciudadanía a instituciones fundamentales para el funcionamiento de la democracia resultan ser alarmantes, la credibilidad que tienen los gobiernos, la oposición, los políticos y los partidos políticos, el poder legislativo, las instituciones de rango constitucional, las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, entre muchas otras, no soportan la prueba de la legitimidad mínima dentro de una democracia electoral como la que tenemos. Los resultados de las encuestas así lo atestiguan, situación parece no preocupar a las elites gobernantes, que asumen como necesarias muchas reformas a dicha institucionalidad, que poca o nada de sintonía tienen con las demandas ciudadanas y que, muchas veces, son un maquillaje que adorna pero no transforma las estructuras que ellos mismos han creado y de la cual han profitado (los mismos) durante varias décadas.

Desde la perspectiva electoral la situación también es preocupante. Un informe elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para el año 2016, arrojó, a modo general, que la participación electoral, en los países con voto voluntario, presentan una participación en torno al 50% del electorado, destacando el caso de México en donde, a pesar de tener un voto obligatorio, la participación en la última elección (anterior a 2016) llegó al 48%. La visión general es que se ha producido un alejamiento de la ciudadanía de la institucionalidad democrática que tenemos y que tal cómo funcionan las estructuras democráticas de hoy es necesaria una reforma profunda de cara y con participación ciudadana y no a espaldas y negociada entre las mismas elites dirigentes que han tomado las más relevantes decisiones hace más de 30 años (elites que no son tan nuevas tampoco ya que muchas de ellas vienen desde hace más de un siglo a la que se han incorporado nuevos sectores que se han comportado de la misma manera excluyente).

Desde esta perspectiva me parece que para avanzar hacia una verdadera democracia es preciso reforzar la autoridad moral de las instituciones democráticas y de aquellas elites que las dirigen. Con esto quiero plantear que es necesario encantar a nuestra ciudadanía con los valores y atributos de la democracia, que sientan que las instituciones responden a un barómetro moral consensuado con la ciudadanía, que se aleja claramente de los oscuros años de las dictaduras en nuestro continente (y que no es una continuidad con el período anterior), en que la democracia se viva de la manera más directa posible, abriendo espacios para que la ciudadanía organizada pueda decidir en el derrotero político (referéndum,  plebiscitos, mandatos revocatorios, una sociedad civil empoderada y con posibilidades de influir) y tener como máxima aspiración que los líderes y representantes se guíen por una ética de la convicción y no de la responsabilidad, muchas veces dada a traicionar los valores y principios democráticos en pos de una supuesta estabilidad que asegure el crecimiento económico. Llegó la hora de entender que América Latina necesita hoy, incluso por sobre el crecimiento, más y mejor democracia, que apueste por un verdadero pacto social y no por la atomización y marginación popular,  o por la pasividad política y la delegación del poder que restringe los cambios de acción social de la democracia.

 

 

 

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