En el entramado de denuncias por corrupción que rodea al senador Roy Barreras, aparece un nombre que es clave para las pesquisas de la Corte Suprema y de la Fiscalía General, por el desfalco a la ESAP: Giovany Javier Chamorro Ruales, exdirector de esa entidad (nombrado por el tartufo Juan Manuel Santos en su momento), y que, antes de ocupar ese cargo, fue jefe de la campaña de Roy al Senado, y, posteriormente, miembro de su UTL. Dirán los aquí citados que el doctor Chamorro llegó a la ESAP por mérito propio; pero da igual: si Timochenko y sus camaradas de las Farc ahora fungen de faros morales, cualquier cosa puede decir el “poeta furtivo” y sus calanchines.

Chamorro fue nombrado desde la presidencia de la falsa paz dizque por “concurso” en la Superintendencia de Industria y Comercio, y unos meses después fue encargado de la Dirección de la ESAP, donde permaneció hasta el cambio de gobierno. En ese lapso al mando de la Escuela de Administración Pública, según la denuncia que anexo (ver denuncia) Roy y su pupilo, secundados por otros socios, hicieron ochas y panochas: en total fueron 14.009 convenios y contratos que están bajo la lupa de la justicia, cuya suma asciende a la “bicoca” de 1.2 billones de pesos. De acuerdo con el denunciante, entre los años 2016 a 2018, Roy Barreras hizo nombrar directores y altos funcionarios para ejercer el control absoluto de la contratación en la ESAP. Eventualmente, los encartados deberán responder por los delitos de interés ilícito en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. No perdamos la fe.

En los arreglos ilegales siempre, intermediaba el ingeniero Jorge Uriel Silva Salazar, paisano y “mompa” de Roy. El entuerto se “tramitó” a través del programa OCÉANO, y, de alguna manera u otra, siempre se hacían contrataciones con empresas caleñas. Para el sindicato de la ESAP (ver comunicado), los testaferros del “poeta furtivo” son Fernando Medina Vargas, Eduardo Rojas y los veedores ciudadanos Juan Carlos y Germán Calderón España, a la sazón representantes de empresas sin experiencia que terminaron beneficiadas con multimillonarias adjudicaciones y generosos anticipos, que fueron a parar a los bolsillos de cierto lagarto abominable. Las reuniones de la bandola para cuadrar los “cruces” se celebraban en el Hotel TRYP de Bogotá y en dos oficinas también de la capital, ubicadas en la carrera 13 # 29-41, Edificio Capital. A dichos encuentros asistía la esposa del senador, que fue nombrada en un alto cargo en la Fiscalía por el siniestro Eduardo Montealegre.

Si se quiere encontrar a los autores de un crimen, hay que seguir la ruta del dinero. Es muy fácil hacerlo: la plata deja una huella casi imborrable. Bastaría con que los investigadores hicieran un cruce de información entre los bienes que tiene Roy, sus familiares más cercanos, y aquellos que aparecen señalados en los sumarios; luego deben cotejar esos datos con los ingresos de cada uno y… ¡eureka!: aparecerá la verdad, como una antorcha de certezas para iluminarnos.

Casualmente, Roy no aportó la información completa exigida por la ley 2013 de 2019, que él mismo ayudó a crear. En el formato respectivo de la Función Pública, el farsante de marras no detalla la ubicación de sus bienes, no relaciona la actividad económica de sus familiares (4to grado de consanguinidad, 2do de afinidad) y no reporta cuentas bancarias y sus montos (ver formato). Sinceramente, no creo que ninguno de los mencionados en esta columna aguante la revisión de un CAI.

Roy, que se ha bañado en todos los “aguaceros” (CAPRECOM, SALUDCOOP, ESAP y Acuerdo Habanero), sigue orondo en el Congreso; su esposa, atornillada en la Fiscalía, y Chamorro, de jefe de control interno de la SIC.

Se trata, sin duda, de un gran reto para la justicia; pero nadie dijo que fuera fácil acabar con la peor de todas las mafias: la de la corrupción de alto nivel.