La Universidad Pública es, de lejos, el principal escenario que tienen los sectores populares para realizar estudios de educación superior. Es, también, un instrumento de redistribución del ingreso (del presupuesto nacional), que sirve para financiar los estudios de los estratos sociales que, de otro modo, no podrían acceder a una carrera universitaria.

Esto hace que la tarea de nuestras universidades contenga un alto perfil social, el cual ayuda a preparar cohortes de profesionales que pueden servir al país en diversos campos, como la investigación, la enseñanza, el liderazgo social y político, etcétera.

Además, la Universidad Pública no es solo un mecanismo en la lucha contra la desigualdad, sino un vehículo para propiciar la movilidad social, empleando la educación como principal plataforma en el desarrollo de los jóvenes que liderarán a la nación en múltiples ámbitos.

Si este es el papel que cumple la Universidad Pública, resulta problemática la actitud displicente de los gobiernos de turno y del Congreso en materia de las asignaciones presupuestales que las instituciones del Sistema Universitario Estatal (SUE) requieren para su adecuado funcionamiento.

Todas las instituciones públicas de educación superior han visto crecer sus inversiones y gastos muy por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual determina el crecimiento del ingreso ordinario de las mismas, por la vía del presupuesto nacional.

El dinero que les gira la nación es insuficiente para cubrir los rubros de funcionarios, profesores, infraestructura, etcétera, lo cual explica el déficit histórico y estructural que arrastran las universidades desde los años 90, y pone de relieve las dificultades que padecen para mejorar laboratorios, planta física o para elevar la calidad de la investigación y la docencia.

Los 32 rectores de las universidades públicas, reunidos hace poco en Cartagena, denunciaron que el déficit acumulado en gastos de funcionamiento asciende a la suma de 3,2 billones de pesos, y que el déficit histórico en inversión se eleva a los 15 billones de pesos.

Esta es, en plata blanca, la espada de Damocles que puede generar el cierre por asfixia económica de estas universidades, si no se toman las medidas pertinentes. Y las medidas pertinentes debe asumirlas el Estado, con cargo al presupuesto nacional, si se desea conservar el carácter público y redistributivo de la Universidad Pública.

La salida no es elevar matrículas o meter la lógica costo-beneficio de la empresa privada para todos los servicios de las universidades, sino procurar que estas mantengan su perfil social; por lo tanto, el único camino disponible para paliar o erradicar la crisis consiste en acudir al dinero del erario, a la plata de todos, para enfrentar el problema.

La lucha por la educación superior pública que se está forjando en Colombia, liderada por los estudiantes de las diversas universidades que existen en el país, es completamente justa porque apunta en la dirección correcta. Si lo que se quiere es una universidad fuerte y cumpliendo bien sus propósitos misionales, se hace imprescindible mejorar el flujo de fondos de parte del gobierno nacional.

Como en el presupuesto del año 2019 (que cursa para aprobación en el Congreso) no se contemplan aumentos sustanciales que ayuden a superar la crisis en materia de funcionamiento e inversión, lo más lógico es que los congresistas no aprueben ese proyecto de presupuesto, hasta tanto se enmiende esa falencia.

Dadas las condiciones políticas y presupuestales que atraviesa el país, es casi imposible que el Congreso y el ejecutivo escuchen el clamor de los rectores de la SUE, que es, también, el clamor de los estamentos universitarios. Por lo tanto, para enfrentar la crisis, la ruta que queda es la de la movilización popular.

Una movilización para refinanciar a la Universidad Pública, para defenderla, fortalecerla y mejorarla en calidad. Porque la defensa de las universidades públicas es la defensa de la educación superior de las mayorías, de los estratos sociales que requieren el apoyo del Estado para elevar su calidad de vida.

El presente y el futuro de la educación superior pública dependen de la lucha de todos. Esto es lo que está en juego en la coyuntura que empieza a gestarse a nivel nacional en el sector universitario. Ni más ni menos.