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Opinión
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Hoy los juzgados del país están atiborrados de procesos sin resolver. Ciudadanos esperan años por un fallo judicial y hay por ejemplo demandas laborales, cuyo resultado puede demorar hasta 10 o 15 años.

La Corte Constitucional acaba de emitir un fallo que busca proteger al ciudadano del común de los insultos en redes sociales como Facebook, Instagram o YouTube. Las buenas intenciones sobran porque es deber del Estado garantizar su integridad y aplicar las leyes que sean necesarias para garantizar su buen nombre.

Lo complejo del panorama es hasta dónde un juez tendrá la capacidad de ponderar cuándo un insulto requiere la protección del ciudadano afectado. Se convertirá entonces en una herramienta que mida el engagement de cada usuario de las redes sociales. Será el encargado de determinar si el insulto tiene suficientes retuit o si el usuario tiene los suficientes seguidores.

Tremenda tarea para los jueces. Ya está en la regulación de las mismas redes sociales estos temas, pues se puede bloquear a un usuario, silenciarlo o reportarlo a la red social para que su cuenta sea sancionada provisional o definitivamente.

Uno se pregunta. ¿Será que este fallo de la Corte Constitucional beneficiará al técnico de Junior Julio Comesaña que cada vez que empata o pierde un partido los insultos son cada vez más fuertes en redes en su contra?

Aún más difícil tarea es luchar contra las llamadas “bodegas” desde donde se lanzan campañas no solo de fakenews, sino de ataques contra diferentes personas para mancillar su buen nombre. ¿A dónde les van a enviar la notificación de la orden de retiro del material por parte del juez? ¿Las redes sociales entregarán la información de los usuarios anónimos para que reciban vía correo certificado la orden de retirar el material de la red que resulta injurioso o calumnioso?

A la fecha los grandes influenciadores en el país como mucho han hecho rectificaciones públicas en sus cuentas después de un largo proceso legal con abogados de peso o han retirado un mensaje, pero de allí a una dura o fuerte sanción nada se ha visto.

En resumen, el fallo de la Corte Constitucional está lleno de buenas intenciones. El buen nombre y la integridad de las personas deben respetarse, pero en la “selva” de las redes sociales es sumamente complejo.

Hay personas que solo crean cuentas con el objetivo de atacar, ofender, calumniar y más aún en época preelectoral.

Toca esperar la publicación del fallo de la Corte Constitucional y revisar con detenimiento su alcance. La intención del alto tribunal es la mejor, pero los que se escudan en el anonimato detrás de un teclado también son buenos para evadir su responsabilidad. Que prime la justicia (Comentarios a lrodriguezt@hotmail.com)

 

 

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