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Opinión
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La exintegrante del Partido Conservador Aida Merlano acaba de protagonizar otro escándalo monumental, luego de haber sido condenada a 15 años de cárcel por delitos relacionados con el proceso electoral. De manera cinematográfica, la política azul se escapó de los guardianes del INPEC que la trasladaron fuera de la cárcel a una consulta odontológica.

Más allá de la escandalosa huida (y de todas las hipótesis que existan a su alrededor), hay unos hechos que es pertinente recordar. La señora Merlano fue sancionada por la justicia con base en unas pruebas que, hasta ahora, han resultado irrebatibles. A ella se le sindicó como la persona que estaba al frente de una empresa criminal para comprar votos.

Nada la exime de esta responsabilidad legal y política: ni el hecho de que provenga de los sectores populares, ni que haya sido instrumentalizada por los poderosos, nada. Aida Merlano es una criminal, y por eso merece una sanción de la justicia.

Otra cosa es la responsabilidad que le cabe a los miembros de su partido, a los aliados, o a los grupos o individuos que ella ha mencionado en sus testimonios. De lo que ha salido a la luz pública, queda claro que el clan Gerlein recibió los cuestionamientos más duros, seguido del sector de los Char.

En cuanto al Partido Conservador, el que avalaba a Aida y al clan Gerlein, no hay duda de que queda muy mal parado, pues a su fama de partido puestero que se acomoda con todos los gobiernos a cambio de prebendas, se le agrega ahora la condición de comprador de votos.

La dirección de ese partido no puede salir a lavarse las manos con el argumento de que delinquen las personas, no las instituciones, como si las personas compradoras de votos no fueran decisivas en las elecciones, o pensando a los partidos como unas vasijas huecas carentes de personas.

El Partido Conservador tiene una gran responsabilidad política en lo que ocurrió, lo cual ya fue establecido con claridad por la justicia. No puede actuar como un moderno Poncio Pilatos. Y la maquinaria criminal compradora de votos pone en entredicho al grupo Gerlein, y a todas las personas elegidas al Congreso y a los demás cuerpos colegiados bajo su dirección.

Los 50 años del congresista Roberto Gerlein Echeverría en la Cámara y el Senado reciben ahora una vergonzosa mancha que destroza mitos, chismes y leyendas, pues ya no serán asociados al voto de opinión (o al reconocimiento público de su trabajo), sino a la compradera de votos.

Hay que ver cómo sale del lío jurídico en que está metido su hermano Julio Gerlein Echeverría, a quien Aida menciona como uno de los líderes de la máquina compradora de votos. Y cabe esperar efectos impredecibles para el senador Arturo Char, y para todos los que integran su grupo.

La justicia tiene en sus manos la mayor cuota de responsabilidad en la aclaración del caso Aida Merlano, el cual está en el centro de uno de los mayores problemas de nuestra democracia representativa, relacionado con la corrupción política.

Parece ser que es la primera vez en la historia del país que se está frente a un asunto que muestra nítidamente cómo funciona una empresa electoral que elige de manera fraudulenta a los dignatarios, empleando el dinero para envilecer al votante y a todo lo que se requiera envilecer.

Si este caso se dilucida correctamente (caiga quien caiga), quizás se puedan sacar conclusiones que permitan promover una reforma para intentar meter en cintura a las empresas criminales compradoras de votos, y a los políticos delincuentes que son elegidos mediante ese mecanismo.

No es una tarea fácil, pues el dios dinero ronda por todas las esquinas. Y los jueces tampoco escapan a la influencia perversa de ese dios, dejando a un lado las obvias excepciones de los operadores judiciales que caminan por otro sendero.

Pero la realidad nacional alimenta la incredulidad en cuanto a lo que pueda ocurrir con los personajes que están por encima de Aida Merlano. Es un hecho que nuestro sistema electoral está corrompido de los pies a la cabeza, y es otro hecho que limpiarlo parece una larga tarea de Sísifo.

Esa corrupción abarca a los sectores populares que venden el voto por dinero o por otras prebendas menores; prosigue con las estructuras creadas por los políticos para cazar votantes; tiene por eje las casas políticas que operan como agencias para comprar votos.

La columna vertebral del sistema corrupto es la alianza entre los políticos y los funcionarios del Estado, que sirven de correa de transmisión para que los políticos corruptos asalten impunemente los dineros de todos, por la vía de los contratos o por otros caminos.

Deshacer esta cadena que vuelve terriblemente injusta (y convierte en una farsa) a esta democracia, implica no solo que la justicia funcione sin torcerse, sino que todas las instituciones sigan por la misma vía, lo cual es muy difícil en un clima dominado por las variables de la corrupción.

Reformar esta falsa democracia pasa por acometer cambios jurídicos y políticos profundos, pero también adelantar una honda transformación cultural que integre a los sectores populares, y a las causas de fondo (anidadas en la desigualdad socioeconómica) que alimentan su envilecimiento.

El caso Aida Merlano es la punta de un proceso corrupto que involucra a las empresas que compran votos, a los políticos, a los funcionarios estatales, al poder económico y hasta a los órganos de justicia. Lo bueno de este caso es que, con él, traspasamos el nivel del chisme o de la simple conjetura, y entramos en el de la certeza.

La justicia y todas las instituciones del Estado tienen una difícil misión al intentar esclarecer todo lo oscuro que está en el fondo del caso Merlano. Es posible que el tapen-tapen, como máxima expresión de los juegos de poder ocultos, termine por salvar las cabezas de algunos de los políticos comprometidos en la corrupción.

Nada excusa el comportamiento de Aida Merlano, como agente de la corrupción electoral, que obtuvo medios económicos y estatus social gracias a esa corrupción. Y nada excusa a la justicia para llegar hasta el fondo en un problema que la tensiona al máximo.

De este asunto depende, en parte, que la sociedad demuestre su capacidad para confrontar el flagelo de la corrupción. Si la justicia saca en claro lo que tiene que sacar en claro (pues Merlano no actuaba sola, y pertenecía al Partido Conservador), quizás la ciudadanía empiece a ver con optimismo la posibilidad de que las instituciones se auto-reformen.

Si se dan sanciones ejemplares, y si se adelantan los cambios que el problema requiere, quizás los incrédulos empecemos a pensar que la democracia representativa sí tiene salvación, pues empezó a meter en cintura a sus principales destructores.

Aida Merlano y todos los que son como ella merecen estar tras las rejas, más allá de su extracción de clase o estatus social. ¿Será capaz de limpiarse y regenerarse nuestra maltrecha y corrupta democracia? Tal vez, pero no con personas como Aida y como sus amigos, sino contra ellos…

 

  

 

 

 

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