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Opinión
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Un 18 de agosto del año 1989 fue asesinado en Soacha, Cundinamarca, el político santandereano Luis Carlos Galán Sarmiento. El crimen fue atribuido a una alianza perversa entre los líderes del narcotráfico y algunos miembros del establecimiento político, en contubernio con agentes del Estado.

La muerte del máximo dirigente del Nuevo Liberalismo coincide con dos vectores centrales de la realidad nacional contemporánea: el aumento del poder de las mafias de narcotraficantes (que habían decidido incursionar con candidatos propios en la política), y la reacción de una parte de los políticos y de la sociedad a esa influencia corruptora.

Galán y los mejores cuadros de su grupo cogieron el toro por los cachos al enfrentar con todo a los mafiosos, entrando en una guerra a muerte en que los delincuentes se dieron cuenta de que se trataba de la vida de ellos o de la de Luis Carlos.

Si el aspirante liberal ganaba la presidencia, su triunfo le daría nuevas alas para combatir a los narcotraficantes, empleando, además, el recurso de la extradición. Este es uno de los trasfondos del asesinato, en el marco de la guerra entre la mafia y el Estado.

El otro trasfondo principal tiene que ver con el combate denodado que el político emprendió contra la corrupción en la política y en las instituciones estatales. El clientelismo y la politiquería (dos plagas que dañan a los partidos y deslegitiman al Estado) se convirtieron también en sus enemigos a muerte.

La posición clara acerca de estos flagelos, le granjeó mucho apoyo entre los jóvenes y en los sectores hastiados con la descomposición de los políticos, y de las organizaciones que les servían de trincheras para esquilmar los recursos públicos.  

Esa batalla contra la corrupción en el propio establecimiento, también le creó muchos adversarios, tanto en al Partido Liberal como en las otras agrupaciones nacionales, infestadas de políticos corruptos. En este sentido, la muerte de Galán representó un alivio para los usurpadores de los bienes del Estado, incrustados dentro de las propias instituciones.

En un contexto así, se comprende que varios de sus enemigos, de adentro y de afuera del establecimiento, vieran con buenos ojos la posibilidad de su asesinato. Es seguro que apenas se conoció la noticia del magnicidio, no solo los narcotraficantes celebraron alborozados.

Más allá de la inmolación de Luis Carlos Galán, y más allá de su valentía para enfrentar la violencia y el narcotráfico, aún quedan en este país varias asignaturas pendientes: la lucha contra los corruptos de todo el espectro sigue vigente, sobre todo por el daño que le provocan a las arcas públicas y a las tareas del Estado para enfrentar los problemas sociales, y los demás temas macros del país.

A pesar de que se han dado pasos decisivos en el desmantelamiento de las organizaciones violentas, aún falta mucho por hacer en esta materia. También queda mucho trecho por recorrer en la tarea de eliminar la alianza entre los políticos y la delincuencia común

Es inconcebible que todavía haya políticos que se valgan de los abogados de la mafia, o de los paramilitares, para acometer su defensa. Y es más lamentable que esos influyentes jefes utilicen los métodos de los mafiosos para intentar destruir o evitar la acción de la justicia.

Quizás si Luis Carlos Galán no hubiera sido asesinado por ese pacto de narcotraficantes y políticos corruptos, otras situaciones se habrían llevado a cabo en el país, en materia de lucha contra la corrupción y contra la violencia, en aquella coyuntura durísima de la historia nacional.

De todas maneras, su muerte no fue en vano, pues siguen siendo sus banderas las mejores banderas que todavía esgrimen los sectores no contaminados por la politiquería y el clientelismo.

La lucha contra la corrupción y contra la violencia son dos principios inamovibles de la política nacional, ayer, ahora y siempre. En eso nunca se puede cejar, tal y como lo enseñó el líder que se hizo inmolar por defenderlos. El legado de decisión y claridad de Galán en esos temas aún cobra vida entre nosotros.  

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