11:27 am. Domingo 10 de Febrero de 2019
Opinión
11:27 am. Domingo 10 de Febrero de 2019

El acoso sexual en las universidades es trasversal y se ha convertido en una pandemia relacionada con las concepciones de poder de una cultura machista que ve en las mujeres un objeto sexual. En este contexto, las universidades colombianas, tanto públicas como privadas, no son la excepción pues revelan una red de tramas patriarcales que se constituye en un muro de contención, que tiene como cómplices el silencio y el boicoteo, acompañada de la ostensible indiferencia de una comunidad que ha naturalizado prácticas sexuales sedimentadas por las costumbres.

Lamentablemente su “naturalización” está soportada por percepciones históricas. Las colombianas, con dificultades, accedieron a los espacios educativos como estudiantes o como docentes, lo que estuvo antecedido por luchas de mujeres que se revelaron ante las únicas opciones de ser madres y esposas abnegadas.  En los años 20 del siglo pasado, en Barranquilla, por ejemplo, las féminas de profesión maestras, podían ejercer en escuelas con  niñas y de niños, hasta la edad de 12 años, para protegerlas de los “malos pensamientos varoniles”.

En perspectiva, hoy continúan las discriminaciones en los claustros educativos, ya que muchas jóvenes desfallecen señaladas como incompetentes, en carreras consideradas “no aptas para mujeres”. Esta actitud es muchas veces intencional, mediada por el chantaje de notas a cambio de sexo; lo contrario, tiene como consecuencia, en muchos casos, su expulsión del sistema educativo.

Este   flagelo, además, manipula a su antojo ascensos, cargos y notas. El periódico Vice (2017) investigó en varias universidades colombianas sobre el acoso sexual, y concluyó que “ninguna universidad en Colombia está vigilando este asunto”, asunto que revela mayor injusticia si desde la Fiscalía, el MEN, la Procuraduría y las mismas universidades no tienen reglamentada estas conductas. Una que otra, muestra avances al respecto.  En este contexto, en el Foro contra el Abuso Sexual, realizado en Bogotá en septiembre del 2017 entre varias universidades y representantes del MEN, se analizaron las causas estructurales que posibilitan la impunidad, las dificultades para enfrentarla y la revictimización de las denunciantes.

En el 2016 la Fiscalía General de la Nación presentó un informe que reveló que “hasta el 2015 existían 1.743 investigaciones de acoso sexual, tres en etapa de juicio y solo una fallada. Más de 200 procesos inactivos”. La lentitud de la justicia y las pruebas que exige el Código Penal, convierten la denuncia  en ignominiosa, y  en un proceso desesperanzador por su inmunidad, ya que los agresores no escatiman en apelar a herramientas para poder evadir las sanciones disciplinarias y penales que tienen como propósito “limpiar” su “honorabilidad”. Aunado a ello, muchas universidades privadas prefieren ocultar el tema, mientras que en las públicas se esconden estas oprobiosas situaciones bajo el concepto de la autonomía universitaria, violando los derechos de las mujeres, convirtiéndose entonces esas instituciones en cómplices de los abusadores. Se agrega a ello que, paradójicamente, las estudiantes denunciantes son amenazadas.

Caso contrario, el dictamen de la Corte Constitucional ante la expulsión y posterior reincorporación de la profesora Mónica Godoy por haber  evidenciado  casos de abusos sexual en la Universidad de Ibagué, fue histórico, ya que presionó al MEN  al abordaje de la problemática de la violencia de género y aprobar el texto, Enfoque e identidades de género para los lineamientos política de educación superior inclusiva (2017), que, si bien es un gran avance, debe ser adaptado por  las universidades, con el atenuante que hasta el presente no es vinculante.

Ese desolador panorama estimula a formas creativas y pacíficas de reprensión, desde diferentes formas, para presionar al Estado, gobiernos locales y universidades, a organizar  diálogos y estrategias con la Academia,  Organizaciones de  Derechos Humanos, Estudiantiles, y de Mujeres,  con el objetivo de construir Rutas de Apoyo, reglamentar y tipificar el acoso sexual como una violación de los derechos humanos de mujeres y hombres, mostrando nuevas solidaridades entre los sexos que  permiten soñar con una sociedad diferente en donde la justicia no se convierta en  una ilusión inalcanzable y en un comodín para los poderosos.

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