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Opinión
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“Ojalá podamos aprender de la historia”, “Un pueblo que no conoce su Historia está condenado a repetirla”, frases muy hechas desde la disciplina que parecen cobrar más sentido que nunca en el Chile de hoy. Los movimientos sociales han decantado  en una serie de consecuencias que resulta, por lo demás, imposible de enumerar sin cometer más de alguna e importante omisión, pero una sin duda se ha instalado con fuerza, el contencioso movimiento social ha solicitado, y parece que la clase política (alguna muy a regañadientes e incluso con más de una cartita bajo la manga), ha escuchado la demanda ciudadana por un nueva constitución.

La Historia Constitucional de Chile nos puede dar luces al trance histórico que vivimos por estos días y procurar despejar dudas e inquietudes que no permitan que las buenas intenciones no sean avasalladas o que, en definitiva (sin duda no sería la primera vez), muchas de ellas sólo queden en eso, es decir, en buenas intenciones. Es por ello que unas cuantas reflexiones sobre las más relevantes constituciones que han organizado la institucionalidad chilena, nos pueden ayudar al respecto, me refiero a las Constituciones de 1833, de 1925 y de 1980.

La Constitución de 1833 surgió después de una guerra civil en que el bando conservador derrota a los liberales. La chispa que detona el conflicto se habría relacionado con un vacío en la Constitución Liberal de 1828 en la forma de elegir al vicepresidente de la República en el caso de que ninguno de los candidatos hubiera obtenido mayoría absoluta. Los conservadores, que tenían las dos primeras mayorías relativas,  levantaron la voz para denunciar la inconstitucionalidad que el bando liberal, con mayoría en el Congreso, haya elegido para el cargo a la suya y tercera mayoría relativa. Es por ello que la Historia oficial ha transmitido que los conservadores se levantaron por defender la Carta de 1828 (de claro corte liberal) y se habrían erigidos como el soporte institucional de respeto a la Carta Magna. La Historia se reescribe, pasan los años y las interpretaciones abundan y muy especialmente en estos días, aquellas que pregonan que el grupo conservador y empresarial, molestos por el ideario liberal del gobierno de Ramón Freire, organizan (el futuro Presidente Prieto y su ministro  Portales) un ejército de mercenarios para acceder al poder. Lo anterior quedaría más que demostrado en que, luego del triunfo conservador y sin respetar la norma constitucional que impedía la modificación de la Constitución hasta 1836 (recuérdese que es el fundamento jurídico el que avala su levantamiento), inician el estudio de reforma terminó con el surgimiento de una nueva carta, la de 1833.

La Constitución de 1925 surge también en un momento de agitación política, en el contexto de la crisis del orden oligárquico y el despegue de nuevos actores que le disputan a la antigua elite los cargos de poder: sectores medios y populares. Además es un momento de fuerte injerencia de los militares en la política que también se ven enfrentados en esta situación de crisis y defensa de diferentes reivindicaciones, en especial en una oficialidad joven que ve con preocupación el desprecio del orden oligárquico por los problemas reales que afectaban a la mayor parte de los habitantes del país. Pronunciamientos, golpes de Estado, renuncia del Presidente Alessandri y auto exilio,  disolución del Congreso, Junta Militar de gobierno, golpe militar a la Junta Militar,  y establecimiento de una Junta Cívico Militar que logra el regreso de Alessandri quien gobernará sus últimos meses sin Congreso. En ése contexto, completamente inestable y de crisis de institucionalidad se promete una Constitución a través de una amplia consulta ciudadana que termina siendo un proyecto de unos cuantos amigos personales del Presidente, que no rompe con la tradición institucional anterior, que menosprecia las grandes reivindicaciones solicitadas por la ciudadanía y que es aprobada por un plebiscito.

La Constitución de 1925 estuvo en vigencia hasta el 11 de septiembre de 1973 en donde el más cruento golpe de Estado de la Historia de Chile genera un quiebre institucional que termina imponiendo una dictadura militar que se prolongará por diecisiete años (para algunos por mucho tiempo más, sus resabios aún están presentes en la Carta Constitucional que aún nos rige). La dictadura militar transitó desde una fase restauradora hacia una refundacional que permite justificar la propuesta Constitucional de 1980. Esta constitución es abiertamente ilegitima en su origen (plebiscito totalmente controlado por la dictadura, ausencia de registros electorales, mesas receptoras de sufragio y escrutadoras intervenidas, imposibilidad de grupos opositores de expresarse, en fin) y en su contenido (senadores designados y vitalicios, FF.AA garantes de la institucionalidad democrática; ilegalidad a algunos sectores de la oposición a través del famoso artículo 8° de la carta, inamovilidad de los comandantes en Jefe, creación de un organismo como el Consejo de Seguridad Nacional que limitaba la autoridad del presidente de la República y exageraba la participación de las ramas castrenses e instalación interesada de un Tribunal Constitucional con herramientas para actuar como una verdadera tercera cámara legislativa y con una clara orientación política, cuestionada hasta hoy en día, a casi treinta años de terminada la dictadura).

En la reseña anterior no he querido pormenorizar sobre aspectos internos de cada una de estas constituciones, más que todo he querido destacar los contextos y el trasfondo histórico de cada una de ellas que delatan algunas consideraciones que, desde la Historia, me parecen muy relevantes:

En primer lugar, no hay duda que la institucionalidad que se ha establecido en Chile ha sido el instrumento a partir del cual, el grupo (muy minoritario y excluyente por lo demás) que accede al poder, por la vía que sea, convierte esa institucionalidad en un trinchera ideológica a partir de la cual busca imponer a la mayoría su visión de sociedad.

En segundo término resulta clarificador que ninguna carta constitucional (de las relevantes en la Historia de Chile) haya surgido en el contexto de una estabilidad política, nuestras constituciones emergieron al fragor de guerras civiles, asonadas militares, caudillismos civiles y dictaduras que en nada se condicen con las creencias muy aceptadas en el mundo moderno de la necesidad de que ciudadanos empoderados y reconocidos concurran con sus voluntades e intenciones, en un ambiente de respeto a las más variadas visiones, en la construcción de un orden constitucional que los considere y los empodere, sin duda que eso nunca ha pasado en la Historia de Chile.

También es importante recalcar que los proyectos aludidos y que han tenido una no despreciable vigencia se han sustentado más en el necesario respeto a la institucionalidad, en la valoración de la democracia en función del orden que asegure  crecimiento económico y un mito, de los más grandes de la historia de un pueblo, sobre el necesario respeto de una institucionalidad republicana. En ninguno de ellos la valoración de su instalación y el respeto de ella se ha sustentado en la preocupación por las genuinas necesidades de sus habitantes y la posibilidad de generar un orden que permita que todos y cada uno de sus ellos y ellas puedan desarrollar al máximo sus habilidades y potencialidades (parafraseando las más que manoseada expresión del Bien Común). El respeto a la institucionalidad vigente ha estado siempre por encima de las reivindicaciones más sentidas por la ciudadanía.

 Hoy, Chile atraviesa un trance histórico, sin duda que vivimos una situación en que la institucionalidad está en entredicho (es importante preguntarse ¿cuál institucionalidad?, aquella que huele y que tiene resabios claros a dictadura), pero a lo mejor es el primer momento de la Historia de Chile en que una nueva institucionalidad surja de diálogo ciudadano y político fecundo en que podamos escuchar a todos y todas, sin restricciones ni limitaciones, sin superioridades morales ni intelectuales, sin que el poder del dinero o de la religión nublen las consciencias ciudadanas que quieren forjar un Chile inclusivo, digno y respetuoso, donde todos somos importantes y necesarios, donde nadie sobra.

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