«Esto no es un paro, ni es una marcha democrática, ni un cacerolazo. Estamos enfrentando una minoría de delincuentes destruyendo la ciudad».                             
Enrique Peñalosa – alcalde de Bogotá.

Los jóvenes bogotanos enardecidos y entregados a los dioses irracionales de la violencia, destruyeron parte de la propiedad pública y privada capitalina. Los indignados por el «paquetazo de Duque», vandalizaron el Palacio Liévano, sede de la Alcaldía de Bogotá, las instalaciones del Congreso de la República, como también, a más de 60 estaciones del TransMilenio, amén del saqueo a varios supermercados, locales comerciales y el pillaje a varias unidades residenciales.

¿Qué culpa tienen los dueños de los locales comerciales y supermercados saqueados? ¿Acaso fueron ellos quienes propusieron las reformas pensional y laboral? Por el contrario, dan trabajo, pagan impuestos y contribuyen al bienestar general. De modo que, es un error demandar soluciones a los problemas del país de esta manera.

Si estás personas están en desacuerdo con el actual gobierno, deben esperar el próximo turno electoral y votar por el partido que represente sus demandas y sus expectativas, pero saquear supermercados, locales comerciales y vandalizar a más de 60 estaciones de TransMilenio me parece una contenta barbarie. Una cosa es un ciudadano rebelde que protesta pacíficamente y otra es un delincuente, un vándalo, un ladrón de ocasión que saca partido en medio del caos. En realidad, estos jóvenes no son izquierdistas esclarecidos, sino vulgares delincuentes clandestinos que aprovechan el caos para rapiñarlo todo.

De igual manera, varias hordas vandálicas lograron ingresar a conjuntos residenciales mesocráticos en Bogotá, como también, en las localidades de Suba, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y Soacha, no precisamente para robar a sus ocupantes porque tuvieran hambre, porque les sonaran las tripas o porque tuviesen varios días sin comer. Es decir, no pretendían roban para sobrevivir, sino por puro pillaje, por aprovechar el clima de conmoción social y el repudio a ciertas políticas gubernamentales, lo cual convierte a estos actos en un censurable y reprochable asalto a la propiedad privada.

No creo que en esos edificios de apartamentos de clase media baja vivan los corruptos que le roban los 50 billones de pesos anuales a la nación.

Es necesario convencernos de que el vandalismo y el saqueo no son el camino; son actos repudiables que los partidos de oposición no deben glorificar presentando a sus protagonistas como rebeldes antisistema, derramando elogios sobre ellos, cuando lo que realmente han hecho es vandalizar el transporte público, saquear desenfrenadamente supermercados, locales comerciales y asaltar la propiedad privada en conjuntos residenciales.

Es claro que Colombia tiene múltiples problemas sociales, políticos y económicos, los cuales demandan cambios que pueden resolverse a través del dialogo y de la protesta pacífica, pero nunca a través de las vías de hecho. La historia nos ha enseñado que los conflictos, por muy graves que sean, pueden resolverse de manera concertada y en paz. Un clásico ejemplo fue la «Marcha de la sal», en 1930, en donde Gandhi protagonizó una de las protestas pacíficas más relevantes de la historia, logrando la independencia de la India del Imperio Británico.

Así las cosas, resulta absurdo «chilenizar» la protesta en nuestro país, toda vez que, sobre el saqueo, el vandalismo y el atropello, no se puede construir el futuro de una nación. Los colombianos no debemos emular el ejemplo chileno, permitiendo que la anarquía sea superior a la cordura y al derecho que tenemos de expresar nuestro descontento en forma pacífica y civilizada.