Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente de Brasil.
Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente de Brasil.
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El partido de Lula denuncia una "conjura" judicial para evitar su libertad

Así fue interpretado el cruce de autos judiciales en torno a la situación del expresidente.

El Partido de los Trabajadores (PT), que lidera Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción, denunció hoy una "conjura" del Poder Judicial para impedir que el expresidente brasileño sea liberado y participe de las elecciones del próximo octubre, pese a estar virtualmente inhabilitado.

"Lula estaba prácticamente en la puerta de la Policía Federal para salir e infelizmente por una conjura" de la Policía y la Justicia "le impidieron salir", afirmó a periodistas la presidenta del PT, la senadora Gleisi Hoffmann, en Sao Paulo.

La directiva de la formación se reunió hoy, un día después del conflicto entre jueces por la liberación del exmandatario, quien cumple desde abril pasado una pena de 12 años y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero.

El cruce de autos judiciales en torno a la situación de Lula fue interpretado por dirigentes del partido progresista como una evidencia de que la Justicia brasileña actúa de manera "parcial" y "maniobra" para evitar que Lula pueda ser candidato en las elecciones presidenciales del próximo 7 de octubre.

Hoffmann pidió además al Gobierno explicar por qué la Policía no cumplió la orden de libertad para Lula y anunció que "reforzarán las movilizaciones populares" en todo el país para defender la inocencia de su máximo líder.

Al paso de esas acusaciones salió hoy el ministro de Seguridad Pública brasileño, Raúl Jungmann, quien dijo que la Policía cumplió "estrictamente la ley" al no excarcelar al exgobernante, "en un momento muy difícil, complicado, de conflicto de competencias en el Poder Judicial".

Por su parte, el excanciller Celso Amorim, quien participó en la reunión del PT, denunció que "hay obviamente una articulación inmensa" para "impedir que Lula sea liberado y sea candidato, que es lo que el pueblo quiere", en referencia a los sondeos de intención de voto que encabeza el expresidente.

Mientras que el senador Lindbergh Farias, líder del PT en la Cámara Alta, afirmó que el sistema "está podrido" y apostó por "una reforma del Poder Judicial".

El juez de turno Rogério Favreto, del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF4), corte de segunda instancia, determinó en la víspera la "inmediata" liberación de Lula de la sede de la Policía Federal, en la sureña ciudad de Curitiba, en la que está recluido.

Sin embargo, el juez federal Sergio Moro, encargado del caso Petrobras en primera instancia y quien condenó a Lula el año pasado, cuestionó la competencia de su colega y apeló a que se pronunciase el instructor de la causa en el tribunal de segunda instancia, Joao Gebran Neto.

Gebran Neto revocó la liberación del exjefe de Estado, pero poco después, Favreto dictó nuevamente su excarcelamiento, que negó en una segunda oportunidad el presidente del TRF4, Carlos Thompson Flores, para zanjar, por el momento, el asunto.

Farias restó importancia a que el juez Favreto haya estado afiliado al PT en el pasado y fuera nombrado por la expresidenta Dilma Rousseff, hoy presente en la reunión.

Favreto estará nuevamente de guardia el próximo fin de semana, según informó el TRF4, la corte que ratificó y amplió en enero pasado la condena contra Lula dictada por Moro hasta los 12 años y un mes en una decisión tomada por unanimidad por los tres magistrados que integran la octava sala.

En la causa, una de las siete abiertas en su contra, la mayoría por supuesta corrupción, Lula es acusado de haber recibido un apartamento en el litoral de Sao Paulo a cambio de favores políticos a la constructora OAS, implicada en la trama destapada en la petrolera estatal Petrobras.

Esos tres jueces determinaron además la ejecución de la pena una vez agotados los recursos en segunda instancia, con base en una polémica cautelar de 2016 de la Corte Suprema, hoy cuestionada por varios magistrados del máximo tribunal brasileño.

Aunque Lula fuera eventualmente puesto en libertad, su candidatura está virtualmente anulada ya que la ley electoral brasileña impide que condenados en segunda instancia, como es su caso, se postulen a cualquier cargo electivo.

No obstante, Hoffmann reiteró hoy que el 15 de agosto registrarán en Brasilia la candidatura de Lula porque "no hay pruebas" en su contra.

EFE

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