Barrida del presidente Luis Fernando Castro costaría $1.800 millones por indemnizaciones.

Jorge Mariano Rodríguez

Más que una reestructuración, como lo aparenta su presidente, Luis Fernando Castro Vergara, los 36 despidos reconocidos por él tanto en Bancoldex como en Innpulsa Colombia, obedecen a una sistemática represalia con un multimillonario costo por concepto de indemnizaciones, que se calcula en 1.800 millones de pesos.

Así lo sostienen los propios afectados por estas y otras decisiones que, durante su permanencia en el cargo, ha venido adoptando Castro Vergara.

La situación que desencadenó en los 36 despidos, hasta ahora, se remonta, precisamente, al mes de diciembre de 2013, con la llegada de Luis Fernando Castro a la presidencia de Bancoldex.

Para esa época el Banco venía promoviendo una planeación estratégica con participación de todos los directivos de la organización y funcionarios de los diferentes niveles. Sin embargo, Castro Vergara decidió tomarse unos meses para revisar el proceso que se venía adelantando, para finalmente expresar su oposición al mismo argumentando que su objetivo, además de indiscutible, era el de trabajar con gente conocida por él.

Fue así como en el escenario apareció en el escenario la firma consultora The Breakthrough Group, la misma que había trabajado con él en su paso polémico por la Cámara de Comercio de Barranquilla. El propósito era imponer la “dedo contratación”, volándose todos los procedimientos de la organización, situación que le fue advertida por los propios funcionarios.

Las recomendaciones de los funcionarios no fueron tenidas en cuenta por Luis Fernando Castro quien, por el contrario, insistió en que, contra viento y marea, la contratación debía hacerse con The Breakthrough Group, con un primer agravante en el sentido de que estos consultores participarían en la estructuración de los términos de referencia.

El segundo agravante fue que el director ejecutivo de la consultora, Alejandro Salazar Yusti, es el esposo de Catalina Ortiz Lalinde, quien para la época se desempeñaba como gerente de Innpulsa Colombia, un programa administrado por Bancoldex “para apoyar y promover el crecimiento empresarial extraordinario, es decir, a iniciativas de negocio que puedan crecer de manera rápida, rentable y sostenida”.

Según lo manifestado por los funcionarios, una vez los términos de referencia salieron a la luz pública, lo que quedó claro fue que un proponente presentaría la oferta a Bancoldex, bajo el amparo de  The Breakthrough Group, en cabeza de los hermanos Alejandro y Eduardo Salazar, lo cual quedó evidenciado en las reuniones realizadas en la entidad y diferentes hoteles de Bogotá.

Para ellos no cabe ninguna duda de que quien puso la cara del contrato fue  el Colegio de Estudios Superiores de Administración (Cesa), pero quienes desarrollaron el mismo fueron los hermanos Salazar, por un costo de $1.200 millones.

Como complemento, Castro Vergara llevó Bancoldex a María del Mar Palau, quien se desempañaba como Viceministra de Desarrollo Empresarial, para ocupar la Vicepresidencia Ejecutiva y de Estrategia.

Palau se convertiría en pieza clave de Castro Vergara para desplegar la estrategia una vez concluido el contrato con Cesa.

En la práctica, el paso siguiente se constituyó en una fachada más, similar a la contratación anterior, esta vez por la suma de 300 millones de pesos, también a través de Cesa.

Por esa razón, en Bancoldex inició una “cacería de brujas”. Todo aquel que expresaba su malestar por las situaciones que se venían registrando, de inmediato se convertía en objetivo de la presidencia del Banco.

La situación se agudizó cuando comenzó a definirse la estructura organizacional, sin tener en cuenta perfiles y competencia de los funcionarios, solamente los recomendados, proceso en el cual tuvieron activa participación María del Mar Palau y Catalina Ortiz.

No obstante, un inesperado hecho produjo un abierto enfrentamiento que finalmente concluyó con el masivo despido. Catalina Ortiz Lalinde fue reemplazada en Innpulsa Colombia por Daniel Quintero Calle. En su momento, el cambio produjo la suspensión de un masivo ingreso de funcionarios.

Como consecuencia de ello, comenzó una “guerra cazada” de Catalina Ortiz y Luis Fernando Castro Vergara, contra el gerente entrante de Innpulsa Colombia, Daniel Quintero Calle, debido a que este último frenó los nombramientos que ya tenían proyectados los dos primeros.

En Innpulsa Colombia, Quintero Calle decidió retirar el 28 de agosto a un grupo de funcionarios que ‘boicoteaba’ su labor en la entidad, en respaldo de Catalina Ortiz.

En respuesta a ello, Luis Fernando Castro Vergara retiró a 18 funcionarios que se oponían a sus cuestionadas acciones en materia de contratos y vinculación de personal directamente por él para cumplir con cuotas burocráticas.

Los costos de indemnización para este grupo de funcionarios asciende a 1.800 millones de pesos por parte de Bancoldex.

Lo curioso del caso es que los 18 funcionarios que salieron de Innpulsa Colombia ingresan a Bancoldex con contrato indefinido, amparados por el presidente Luis Fernando Castro, María del Mar Palau y Catalina Ortiz.

De esa manera, entre otros, fueron despedidos por Castro Vergara, el Vicepresidente Administrativo, la Directora del Departamento de Desarrollo Humano, el Director de Servicios Administrativos y la Directora de Desarrollo Organizacional, además de otros jefes, ejecutivos, profesionales, analistas y auxiliares.

La situación se produce en plena vigencia de la Ley de Garantías. Según Castro, este régimen  no es aplicable en Bancoldex, teniendo licencia para despedir al que se le antoje en esta entidad.

Quienes cuestionan la gestión de Castro Vergara en Bancoldex, la comparan con su trabajo al frente de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Polémico y nada grata recordación para la ciudad.