Aspecto de la hacienda 'Las Pavas'.
Aspecto de la hacienda 'Las Pavas'.
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verdadabierta.com

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Absuelven a involucrados en caso de hacienda ‘Las Pavas’, en el sur de Bolívar

El fallo es de primera instancia. La contraparte puede apelar.

El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cartagena resolvió el pasado miércoles absolver a los señores Gustavo Sierra Mayo, Mario Marmol Montero, Santander Martínez Redondo, su hermano Gregorio Martínez Redondo, Luis Alberto Machuca y Gustavo Ernesto Pérez Flórez por los delitos de desplazamiento forzado y concierto para delinquir agravado.

Del mismo modo el juzgado decidió conceder la libertad provisional a todos los absueltos, luego de haberse surtido la etapa de juicio, donde  la Fiscalía 25 Especializada de Bogotá los acusaba de los delitos anteriormente mencionados.

El proceso por lo que son absueltos los anteriormente mencionados se refieren al famoso caso de la hacienda ‘Las Pavas’, ubicada en el corregimiento de Buenos Aires, entre los municipios de El Peñón y San Martín de Loba, en el sur de Bolívar. Proceso que se ha extendido por más de 10 años y en la que se ha hecho mención que 123 familias, que conformaron la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (ASOCAB), se encontraban en esos predios y que supuestamente fueron desplazados en dos ocasiones por grupos paramilitares.

En ese litigio estuvo también vinculada la empresa Aportes San Isidro, que durante todo el proceso alegó que compró esos terrenos de forma legal para desarrollar cultivo de palma de aceite  y que los campesinos se habían adueñado de un terreno privado.

El abogado de los hoy absueltos, Jhonny Mercado, aseguró que muchos de los que estaban privados de su libertad eran trabajadores de la empresa Aportes San Isidro y que en ningún momento realizaron situaciones para desplazar a los campesinos.  Reconoció de igual manera que Gregorio Martínez Redondo y su hermano Santander sí fueron desmovilizados de las Autodefensas, pero según indicó el abogado ellos no tienen nada que ver con los terrenos de la hacienda y solo los involucraron a ellos por tener la calidad de desmovilizado para presumir que se trataba de un desplazamiento forzado por parte de grupos al margen de la ley.

“Bastaba con que un funcionario imparcial, desapasionado, valorara la prueba recaudada en este caso para que arribara, sin asomo de duda, a la conclusión que finalmente se llegó, Sentencia Absolutoria, porque jamás hubo desplazamiento forzado de campesinos en la Hacienda 'Las Pavas', jamás existieron asentamientos humanos, aquí lo único que hubo fue una falsa victimización, no se equivocó  la exfiscal Vivían Morales cuando tuvo el coraje de decirlo frente a los medios masivos de comunicación de este país, que lo sucedido en la Hacienda 'Las Pavas' no era otra cosa distinta que una farsa, y finalmente después que de manera injusta se investigó y se privó de la libertad, por más de dos años, a varios campesinos de esa misma región, que siempre contaron la verdad de lo que allí sucedió, ésta salió a flote. Es que era imposible sostener esa mentira a partir de unos testimonios cuestionables desde todo punto de vista, pues no resistían la más mínima crítica, y ello le bastó al Juez Especializado de Cartagena para decidir en la forma en que lo hizo”, dijo el abogado Mercado.

El abogado también aseguró que el ente acusador  acusó dentro del mismo proceso a trabajadores que eran de la empresa como miembros de las AUC y que posteriormente la misma Fiscalía pidió la preclusión de la investigación en su momento.

“La injusticia más grande que aquí se cometió fue colocar al señor Felipe Martínez, honrado campesino de más de 70 años de edad, quien a su edad no sabe leer ni escribir, como jefe de finanzas de una organización criminal, sin prueba alguna, para luego el mismo fiscal César Nuncira, proferir en su favor la preclusión de la investigación, privación injusta por la que deberá responder el Estado, pero lógicamente tendrá que repetir contra dicho fiscal, porque no cabe duda que esas decisiones están cargadas de culpa grave, pues con ellas sólo se quiso favorecer a falsas víctimas de la violencia en Colombia”, dijo el abogado.

Finalmente, el jurista precisó que durante todo este proceso se perjudicado la empresa que compró los terrenos para cultivar palmas de cera.

“La realidad que no admite discusión alguna es que la Empresa Aportes San Isidro SAS adquirió de buena fe esos predios, por lo cual se encuentra exenta de toda culpa, pues previamente se hicieron todas las averiguaciones del caso para corroborar que sobre dichas tierras no existía limitación alguna que pudiese siquiera dar a entender que la misma estuviese gravada o poseída por terceros legitimados por acciones judiciales”, puntualizó.

Este fallo absolutorio por parte del juzgado es de primera instancia y la contraparte, es decir la Asociación de Campesinos de Buenos Aires, puede apelar y llevar el caso hasta el Tribunal Superior de Cartagena.

El abogado Jhonny Mercado y los alegatos presentados ante el Juzgado.

 

 

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