Oficinas Administrativas Triple A
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Archivo Zona Cero

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Procuraduría solicitó suspender contrato de la Triple A con Inassa para evitar defraudación

Por el presunto pago de servicios de asesoría técnica en la gestión comercial.

La Procuraduría General de la Nación solicitó la suspensión del contrato entre la Triple A e Inassa por el presunto pago de servicios de asesoría técnica en la gestión comercial, operativa, administrativa y técnica del acueducto, aseo y alcantarillado que no estarían siendo suministrados.

La Comisión Disciplinaria Triple A, que integran las delegadas para Asuntos Penales y la Primera para la Contratación Estatal, pidió al gerente general de la Triple A suspender inmediatamente el contrato, para prevenir una defraudación al patrimonio y evitar lesiones a la prestación de los servicios públicos domiciliarios en la ciudad de Barranquilla.


Para la comisión existen indicios que permiten inferir que no se ha recibido por parte de Inassa la mencionada asesoría, por la que se ha pagado $221.752.656.750.

La remuneración corresponde a un 4,5 % del valor del recaudo total de la Triple A, como se estableció en el contrato suscrito el 31 de marzo de 2000, con vigencia hasta octubre de 2033.

El gerente administrativo de la Triple A certificó que desde que ejerce su cargo en 2012, “no reposan informes de interventoría relacionados con el contrato de Asistencia Técnica” con Inasa.

Del mismo modo, el gerente comercial, quien también se desempeña desde 2012, expresó “no haber recibido soporte ni asistencia técnica de parte de Inassa para el área que gerenció”.

Por su parte, el gerente de operaciones de Acueducto y Alcantarillado resaltó que en su caso no conocen el contrato firmado entre ambas compañías.

La Gerencia de Planeación y Desarrollo indicó no tener en sus registros información sobre este contrato de asesoría técnica.

Finalmente, la Comisión Disciplinaria Triple A  le dio 5 días al gerente de la empresa para informar las acciones adelantadas en relación con esta solicitud, y le recordó que a su cargo está velar por los intereses de todos los accionistas - incluido el público que en este caso es el Distrito de Barranquilla - y los derechos de los usuarios de los servicios públicos, porque con el pago de su recaudo se cubre el contrato con Inassa.

Con información Procuraduría

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