La Procuraduría General de la Nación solicitó al gerente del Hospital Universitario Cari, Empresa Social del Estado (E.S.E.) de Barranquilla, Ulahy Beltrán, y a los miembros de su junta directiva, adoptar acciones correctivas inmediatas para evitar que el centro hospitalario más importante del departamento sea entregado para su operación por 15 años, a un proponente que no tendría la experiencia, ni la capacidad técnica ni financiera.

El Ministerio Público encontró irregularidades en el proceso de contratación que cedería este hospital de alto nivel de complejidad, el cual presta sus servicios a la población del Atlántico a un operador privado para su explotación.

Las omisiones y deficiencias en la estructuración de los términos de condiciones del proceso de contratación, que fue abierto y cerrado en tan solo 15 días hábiles, habrían llevado a la presentación de un único proponente a quien, al parecer, no se le habrían exigido condiciones técnicas y de experiencia que garanticen la adecuada prestación de servicios de salud.

Así mismo, el gerente no presentó al Ministerio de Salud un nuevo programa de reorganización y rediseño de la red de la E.S.E., ni se preparó un Plan de Saneamiento Fiscal, como lo contempla la Ley 1966 expedida por el Congreso de la República en julio de 2019.

Adicionalmente, el funcionario gerente se habría podido apresurar a publicar los términos de condiciones del proceso contractual, mediante el cual pretende entregar la infraestructura física y tecnológica de la entidad hospitalaria a cambio de tan solo un 9% de los ingresos por la venta de servicios. 

La convocatoria pública habría sido adelantada desconociendo el estatuto y el manual de contratación del hospital, los principios de la función administrativa y de la contratación estatal, y otras disposiciones legales de obligatorio cumplimiento para las empresas sociales del Estado.

Las presuntas irregularidades del proceso de contratación podrían comprometer la responsabilidad de la junta directiva del hospital, su gerente y al comité de compras y adquisiciones, con posibles implicaciones disciplinarias, fiscales y penales.

El ente de control precisó que, de llevarse se a cabo la adjudicación de este proceso, se podrían desconocer los principios de transparencia, planeación, selección objetiva y libre concurrencia de oferentes de la contratación estatal, además de poner en riesgo la prestación de los servicios de salud y los recursos públicos departamentales.