La Fiscalía General de la Nación presentó el primer balance de resultados luego de las investigaciones realizadas en once hechos de corrupción.

Como resultado de ello se lograron 33 imputaciones y 21 medidas de aseguramiento. Entre los judicializados se encuentran 1 Alcalde, 5 exalcaldes y 9 exfuncionarios de los gabinetes municipales.

El más reciente resultado se relaciona con el denominado “Cartel de los enfermos mentales”, mediante el cual, durante los años 2012-2015 la Secretaría de Salud de Sucre pagó a dos IPS (Clínica Nuevos Amaneceres y Fundación Nuevo Ser) $5.000 millones, fundamentados –al parecer- en documentos falsos donde se registraba la supuesta atención hospitalaria a pacientes mentales, personas que en realidad no tenían tal enfermedad.

Concretamente, los galenos que aparecían registrados como quienes autorizaban los tratamientos médicos, señalaron a las autoridades que ellos no tenían contrato vigente con ninguna de las IPS investigadas y beneficiadas con los pagos. Además, los sellos usados no correspondían a los profesionales médicos. Se estableció que a todos los pacientes se les ordenaba el mismo tratamiento, medicamentos y se registraba la misma evolución. Con estas irregularidades presuntamente se apropiaron de la suma cancelada.

Por estos hechos, en las últimas horas fueron capturados: Efraín de Jesús Suárez Arrieta, exsecretario de Salud de Sucre 2014; José Jorge Madera Lastre, exsecretario de Salud de Sucre 2013; Samir Gregorio Será Álvarez, funcionario público activo y líder actual del Programa de Auditoría de la Secretaría de Salud de Sucre. Además, Luis Alberto Fadul Díaz, representante legal de la Fundación Nuevo Ser, y Ronaldo Herazo Bertel contador público personal del exgobernador Julio César Guerra Tulena.

Los delitos por los que deben responder son: peculado, prevaricato por acción, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. A esta hora se realizan las audiencias concentradas.

Ola invernal en La Mojana sucreña

Igualmente, para el 2005 y 2006, debido a la ola invernal, con recursos del Fondo Nacional de Regalías (FNR), el Gobierno nacional financió dos proyectos para la construcción de viviendas en la zona conocida como La Mojana Sucreña. El primero, por valor de $1.741millones y el segundo por 2.734 millones 494 mil 397 pesos, con el objeto de construir 260 y 386 viviendas, respectivamente.
La Fiscalía encontró que, pese a que en el convenio se establecía que no se pagarían reajustes, ni reclamaciones, ni indemnizaciones, en 2011, el Alcalde de la época, Carlos César Cabarcas Mejía, ordenó el pago a Asomcaribe (Manuel Benito Causil Díaz - representante legal) de 269 millones 999 mil 998 pesos, por concepto de indexación.

El 22 de febrero pasado la Fiscalía capturó a Carlos César Cabarcas Mejía, exalcalde de Majagual (Sucre), y Manuel Benito Causil Díaz, representante legal de Asomcaribe, a quienes se les impuso medida de aseguramiento de detención domiciliaria.

“Famiempresa hospitalaria”

Del mismo modo, la Fiscalía investiga la comisión de posibles delitos en el marco de la celebración de dos contratos para suministrar uniformes especializados para el personal médico del Hospital Universitario de Sincelejo, por un monto de 204 millones 676 mil pesos.

Por estos hechos la Policía Judicial del Grupo de Trabajo Anticorrupción, con apoyo del Grupo PCO CTI de Barranquilla (Atlántico) capturó el pasado 27 de febrero a Luis Enrique Perea Vásquez, exgerente del Hospital Universitario de Sincelejo (Sucre), a sus hermanas Rosmira Esther y Juana Isabel Perea Vásquez, así como al contratista Luis Fernando Palacio Ibáñez.

El día 28 de febrero de 2017 se legalizaron las capturas ante un juez de garantías de Barranquilla (Atlántico), quien previa imputación de la Fiscalía les dictó medida de aseguramiento de detención domiciliaria, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

Para la Fiscalía, el contrato se realizó de manera directa con un establecimiento al parecer de fachada denominado “Creaciones y Manufactura la Esperanza”, y los dineros del mismo llegaron a manos de las hermanas del gerente, quienes presuntamente se beneficiaron de la contratación por interpuesta persona, y sin que se hubiese ejecutado el objeto contractual.

Fiestas patronales en Los Palmitos

Por otra parte, el Alcalde de Los Palmitos, Fredy de Jesús Rivera Pérez, suscribió un convenio con la Fundación de Profesionales de Los Palmitos (Sucre) “Visión Futuro”, por valor de
$120 millones para la celebración de las fiestas patronales del municipio, a realizarse en enero de 2016.

De acuerdo con la investigación, Wilson Rafael Pineda Romero, secretario del Interior, hacía parte de la referida Fundación y adicionalmente fungió como interventor del Convenio. Además, Néstor Fidel Pérez Vásquez, representante legal de la Fundación, cuenta con un hermano de nombre Carlos Adolfo Pérez Vásquez, quien labora como asesor económico de la Alcaldía de Los Palmitos. En el curso de la investigación no se hallaron ni en la Alcaldía, ni en la Fundación, soportes de lo ejecutado y se evidenció que esta no cuenta con instalaciones.

El 8 y el 22 de febrero pasados fueron capturados el Alcalde de Los Palmitos, Fredy de Jesús Rivera Pérez; el secretario del Interior, Wilson Rafael Pineda Romero, y el representante legal de la Fundación, Néstor Fidel Pérez Vásquez. En las respectivas audiencias concentradas, se impuso medida de aseguramiento intramuros en contra del último de los citados. Frente a los otros dos imputados el juez se abstuvo de imponer medida de aseguramiento, decisión que fue recurrida por la Fiscalía.

Arrendaron dos inmuebles con el mismo objeto

En el municipio de San Marcos (Sucre), contrataron dos inmuebles para el mismo objeto. Mientras la Alcaldía local pagaba por un inmueble donde verdaderamente funcionaban las oficinas del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA); funcionarios de esta entidad supuestamente pagaron arriendo en otras instalaciones durante 2013 y 2014.

De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía, se encontraron pagos por más de $21 millones.

El pasado 8 de febrero fueron capturados Iván Augusto Sierra Martínez, Gerente seccional ICA – Sucre y Luis Miguel Berrocal Arrieta, profesional universitario del ICA en San Marcos. En las respectivas audiencias concentradas se les impuso detención domiciliaria, así como medida no privativa de la libertad, respectivamente. Berrocal Arrieta aceptó los cargos imputados por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación.

Suministro de menajes educativos

En abril y junio de 2015, se celebraron los contratos de suministros de menajes a las escuelas de Sagrado Corazón de Jesús e Institución Educativa Antonio Nariño en Galeras (Sucre), por valor de $27 millones, faltando requisitos legales de contratación. De igual manera, algunos documentos empleados en dicho trámite contenían información que no correspondían a la verdad y se usaron para la apropiación de dineros de origen público.

En diciembre de 2016 se logró la captura de José Manuel Gamarra Navarro, exalcalde de Galeras; Jader Salomón Lozano Herrera, Profesional Universitario de la Alcaldía; Ismael Antonio Mejía Coronado, exsecretario de Educación; Domingo Guillermo Ramos Ruz, contratista, y Carlos Ferrigno Barrios, tesorero del municipio.

En las audiencias concentradas, estos no se allanaron a los cargos y se les impuso medida de aseguramiento de detención domiciliaria por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, falsedad ideológica en documento público, uso de documento público falso y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.

Alarmas comunitarias en Morroa

De la misma manera, la Fiscalía investiga la celebración del contrato lp-002 de 2015, por valor de 297 millones 897 mil pesos, cuyo objeto era la adquisición de 10 kits de alarmas comunitarias, su instalación y puesta en funcionamiento en los sectores con mayor índice de inseguridad del municipio de Morroa.

Se advirtió que dichas alarmas fueron instaladas mucho tiempo después del informe de interventoría, que daba cuenta sobre la instalación de las mismas. Esto se hizo para la autorización y desembolso del primer pago. Igualmente, se estableció que a la fecha estas alarmas no han funcionado.

El 10 de febrero pasado fueron capturados Eder Anderson Mogollón Bohórquez, exalcalde de Morroa (2015); Luis David Sarmiento Bohórquez, interventor del contrato, y José Agustín Herrera Sara, contratista. Los tres fueron imputados por los delitos peculado por apropiación en favor de terceros, falsedad ideológica en documento  público y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. El juez les concedió la detención domiciliaria.

Arrendamiento de vehículo

Los hechos se relacionan con las posibles irregularidades presentadas en un contrato por valor de $80 millones, celebrado en 2015 entre el Alcalde –de la época- del municipio de Ovejas (Sucre), Edwin Musy Morinelly, y Carlos Manuel Ortega Mejía, cuyo objeto fue el arrendamiento de un vehículo tipo campero para uso del Alcalde y secretarios del despacho, para ejercer sus funciones constitucionales y legales.

Sostiene Ortega Mejía que él no suscribió contrato alguno, pero el Alcalde hizo uso de su vehículo por los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2015, sin haberle cancelado los cánones de arrendamiento prometidos a título propio por el servicio prestado, los cuales fueron establecidos en 10 millones 500 mil pesos, hasta que se suscribiera el respectivo contrato.

En este caso fueron materializadas las capturas de Edwin Musy Morinelly, exalcalde de Ovejas (2015); Anyelo García Pomares, secretario ejecutivo del Alcalde; Daniel Campo Peluffo, secretario de Gobierno de la época, y Hermes Ricardo Gutiérrez, secretario de Planeación de esa administración. Estas personas responden por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Ninguno se allanó a los cargos y se impusieron tres medidas de aseguramiento de detención domiciliaria.

Proyectos de calidad educativa

Los miembros del consejo directivo de la Institución Educativa Canutal denunciaron irregularidades a partir de un convenio interadministrativo suscrito en 2008 entre el municipio de Ovejas con el rector de la referida institución educativa, licenciado Eduardo Álvarez Guerrero, donde el municipio se comprometió a girar recursos $1’500.000 para adquirir material didáctico, con el fin de mejorar la calidad educativa. La investigación estableció que tales dineros fueron presuntamente apropiados de manera indebida por parte del rector, quien los retiró a través de cheques girados contra la cuenta bancaria a nombre del establecimiento estudiantil.

El 10 de febrero último fue capturado Eduardo José Álvarez Guerrero, quien no aceptó los cargos de peculado por apropiación que le imputó la Fiscalía. El juez se abstuvo de imponer medida de aseguramiento, sin embargo la Fiscalía apeló la decisión judicial.

Carpas de embarcaciones en San Benito Abad

La Contraloría Departamental de Sucre encontró posibles irregularidades en 2008, en el manejo de fondos utilizados para la construcción de carpas de embarcaciones, por más de $20.000.000.

El 8 de febrero se hizo efectiva la captura de Manuel del Cristo Cadrasco Salcedo, exalcalde de San Benito Abad (2008), a quien la Fiscalía le imputó los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Un juez le dictó medida de aseguramiento de detención domiciliaria.

Casa de la Cultura Buenavista

La Fiscalía investiga las posibles irregularidades en el contrato celebrado entre la Alcaldía de Buenavista y un ciudadano, para el estudio y elaboración de los diseños de la Casa de la Cultura de Buenavista en el año 2015, por un valor de $18’000 000.

Se estableció que el contratista presentó el producto convenido pero la Alcaldía se negó al pago, teniendo en cuenta que el mismo ya se había realizado. No obstante, se conoció que el cheque había sido cobrado por otra persona.

Por estos hechos fueron capturados el exsecretario de Planeación Rafael Mendoza Ruíz; el exgerente de la Empresa de Aguas de Buenavista, Andrés Ávila Tapia, y el contratista Edwin Mesa Pineda. Un juez de garantías legalizó las capturas y les dictó medida de aseguramiento por los delitos de peculado por apropiación, falsedad material en documentos público y privado, fraude procesal y contratos sin cumplimiento de requisitos