Diógenes Rosero, promoviendo la campaña #YoNoMeVendo.
Diógenes Rosero, promoviendo la campaña #YoNoMeVendo.
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La “super” asesoría de $130 millones del veedor electoral del Atlántico

Luego de promover la campaña #YoNoMeVendo, se convirtió en contratista del Estado.

El nombre de Diógenes Rosero Durango ha figurado, públicamente, en los más recientes procesos electorales como un férreo defensor del “voto limpio”.

De hecho, ha fungido como delegado para el Atlántico de la Misión de Observación Electoral (MOE), una organización que lucha por la transparencia del voto.

Es así como, mediante rigurosa labor de seguimiento a los procesos, la MOE ha denunciado toda clase de delitos electorales, especialmente relacionados con la compra – venta del voto, trasteo y zonificaciones irregulares, entre otros hechos.

Diógenes Rosero también funge como el representante de la Fundación Foro Costa Atlántica, una organización que “promueve valores y prácticas democráticas que garanticen la convivencia de los colombianos”.

Sin embargo, la veeduría decidió ampliar su portafolio de servicios para convertirse en contratista del Estado.

Fue así como suscribió el contrato 2016 – 00119 firmado por la Secretaria General de la Alcaldía de Soledad, Tatiana Paola Guerrero Sepúlveda y Diógenes José Rosero Durango, en su condición de representante de la Fundación Foro Costa Atlántica.

El contrato tiene como objeto “la prestación de servicios especializados para brindar apoyo, acompañamiento y asistencia técnica a la Secretaría de Planeación en la formulación del Plan de Desarrollo Territorial 2016 – 2019”.

El costo pactado es de $130 millones, por el término de 3 meses. En el mismo se acordó, como forma de pago, $65 millones al mes de iniciado el contrato y los restantes $65 millones una vez recibida la actividad a satisfacción por parte del supervisor asignado por la Secretaría de Planeación.

Lo que llama poderosamente la atención es que un veedor de la transparencia se haya convertido en contratista del Estado.

En este caso, el promotor de la campaña #YoNoMeVendo, ahora asesor por la módica suma de $45 millones mensuales.

Sin dudar de la capacidad profesional para ejercer la actividad contratada, en principio parecería no existir coherencia entre lo que se predica con lo que se practica, especialmente por parte de un militante de una organización política que se ha caracterizado, precisamente, por su fuerte lucha contra la contratación estatal.

O será que, como en el fútbol, ¿hubo cambio de frente?

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