La Administración Departamental anunció que demandará la sanción que la Agencia de Licencias Ambientales (ANLA) impuso a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) y la Gobernación del Atlántico, por el supuesto incumplimiento del auto 1283 del 6 de mayo de 2011, por medio del cual le habían impuesto unas obligaciones relacionadas con el complejo de humedales de los municipios de Sabanagrande, Santo Tomas y Palmar de Varela.

“Este es un proceso que inició hace una década y durante todo este tiempo la Administración Departamental y la Corporación se han dedicado a tramitar la licencia ambiental para el proyecto de recuperación del sistema de ciénagas, inicialmente, ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y, posteriormente, ante la ANLA, pero cada vez que se ha modificado la norma para este proceso (5 en total) también se han cambiado los requerimientos para la obtención de este permiso”, aseguró el Director de la CRA, Alberto Escolar.

Agregó que en la actualidad ya se considera por parte de la ANLA que está reunida la totalidad de la información y se espera que los próximos dos meses exista un pronunciamiento oficial sobre la solicitud de licencia que adelantan la Gobernación del Atlántico y la CRA.

“Solo con este requisito aprobado se podrán realizar las obras de recuperación de los sistemas de ciénagas de de Sabanagrande, Palmar de Varela y Santo Tomás, siempre hemos estado al tanto de esta situación y realizado los trámites correspondientes para obtener la licencia, por eso, no compartimos la sanción”, indicó Escolar.

Frente al proceso jurídico, se ha tomado la decisión por parte de la Gobernación del Atlántico demandar la sanción impuesta por la ANLA ante la jurisdicción contencioso administrativa señalando, entre otros aspectos, la violación al debido proceso por no tener en cuenta las acciones adelantas para el cumplimiento de las obligaciones impuestas, las cuales ya habían sido radicadas ante dicha autoridad.

Según explicó el secretario Jurídico de la Gobernación, Rachid Nader Orfale, la ANLA acogió parcialmente las pretensiones de la Gobernación al disminuir el valor establecido para la multa por $926.771.789, y aceptando la responsabilidad solidaria entre la CRA y la Gobernación del Atlántico.

Sin embargo, la Gobernación  manifiesta su inconformidad frente a la decisión tomada por parte de la Agencia, en virtud de que en la resolución que resuelve el recurso de reposición, no se tuvieron en cuenta los argumentos esgrimidos por el Departamento.