Hallazgos con alcance fiscal por $2.005 millones de pesos determinó la Contraloría General de la República en auditoría realizada a la Universidad Popular del Cesar, correspondiente a la vigencia 2014.

En total se establecieron 39 hallazgos administrativos, de los cuales 14 corresponden a los hallazgos fiscales antes mencionados, 18 tienen posible alcance disciplinario y uno más presunta incidencia penal. Además, se abrió una indagación preliminar y se obtuvo un beneficio de auditoría por valor de $7,3 millones.

La Contraloría General de la República no feneció la cuenta de la Universidad Popular del Cesar de la vigencia 2014, y en consecuencia le otorgó una calificación ponderada a su gestión de 76,475, es decir, desfavorable. Y emitió opinión con salvedades sobre sus estados contables.

Dentro de los hallazgos fiscales detectados por la Contraloría se determinaron situaciones como las siguientes:

-En el Convenio Específico No. 092 del 23 de octubre de 20014, suscrito con la Fundación para el Desarrollo en Colombia FUDC, no se demostró el cumplimiento de las actividades de servicio pedagógico contratadas y se generó con ello un presunto detrimento por $716,3 millones. Tales actividades incluyen gastos de transporte, manutención y alojamiento para el equipo de trabajo ($285 millones); alquiler de escenarios para socialización, incluyendo refrigerios ($55 millones); protocolos para evaluación ($66 millones); y módulos educativos que incluyen materiales para trabajo con docentes, estudiantes y establecimientos educativos ($308 millones).

-La Universidad contrató y canceló a docentes horas de capacitación por un mayor valor al que se debía pagar de acuerdo con las tarifas establecidas por la entidad, lo que originó un sobreprecio por $270 millones y por ende un daño al patrimonio público. Este hallazgo corresponde al Contrato No. 008 del 9 de diciembre de 2014, por $467, 4 millones, cuyo objeto es la prestación del servicio de capacitación de 550 docentes de instituciones públicas de los municipios no certificados del departamento del Magdalena.

-Una situación similar se presentó en la ejecución del Convenio No. 103 de 2014, suscrito entre la Universidad Popular y la Fundación para el Desarrollo en Colombia FUDC., donde en el componente de capacitadores se pagó un mayor valor por $76,7 millones. Se contrataron y cancelaron horas presenciales y virtuales por un mayor valor al que debía cancelarse a los profesionales que prestaron servicios como capacitadores, de acuerdo a la tabla y/o tarifa establecida en la vigencia 2014.

-En los gastos imputados a este mismo Convenio, no hay soportes de  contratos celebrados con los profesionales que prestaron los servicios contratados, hojas de vida, planillas de pagos al Sistema de Seguridad Social, informes de servicio prestado, refrigerios, contratos de arriendo, recibos de servicios públicos y telefonía. Lo anterior refleja incumplimiento del objeto contratado y falta de seguimiento al proceso contractual, lo que conlleva a un hallazgo fiscal por $204 millones, con presunta incidencia disciplinaria.

-La Contraloría General de la República estableció un hallazgo fiscal por $31,2 millones, con presunta incidencia disciplinaria, por irregularidades en un contrato para el suministro de combustibles. Se evidenció que se prestó el servicio a algunos vehículos y equipos que no son propiedad de la Universidad Popular del Cesar y se suministró combustibles a plantas eléctricas de emergencia que no se encontraban prestando servicio.

Se trata del contrato No. 005 del 15 de enero de 2014, suscrito con la empresa BAMOS LTDA, cuyo objeto es el suministro de combustible, grasa, filtros, lubricantes y servicio de mantenimiento como lavado, engrase y arreglo de llantas a los distintos vehículos, planta eléctrica, guadañadora y motocicletas de propiedad de la Universidad Popular del Cesar, por $66 millones, adicionado el 18 de noviembre de 2014 en cuantía de $12,9 millones, para un total de $78,9 millones.

Revisados los documentos que soportan la ejecución del contrato, como son las facturas de venta y órdenes de compra, se encontró que la Universidad Popular del Cesar canceló al contratista la suma de $11,3 millones, correspondientes a 83 órdenes de compra, que no identifican a quien se le prestó el servicio (placa de vehículo, nombre de quien recibió el servicio, etc) y $19,9 millones por suministro de combustible a tres plantas eléctricas de emergencia, que no se encontraban en servicio durante el período comprendido entre el 21 de enero de 2014 al 9 de enero de 2015.

-Dentro del Convenio No. 091 de 2014, suscrito con Technomak, la Universidad Popular del Cesar pagó $30 millones por el desarrollo y estructuración de contenidos temáticos que fueron copiados o plagiados y subidos a la plataforma virtual de aprendizaje diseñada para la ejecución e implementación de este convenio. En este caso, se evidenció utilización indebida de conceptos publicados por diversos autores en páginas web, que fueron ofrecidos como producto de desarrollo propio, sin que se reconocieran los debidos créditos de autoría.

-En el Convenio No. 083 de 2014, suscrito con la Fundación para la Investigación y Desarrollo del Caribe –Fundeca-, cuyo objeto es desarrollar actividades enmarcadas en el Proyecto “Atlántico más Digital”, no se evidencian registros que permitan determinar la justificación para adquirir servicio de internet (módem) durante 3 meses por $8,6 millones y la compra de 28 planes de celulares para 3 meses por $ 9,9 millones, cuando para el desarrollo de las actividades se contrató el servicio de conectividad por 5 meses. De acuerdo a lo anterior, los gastos imputados al convenio por estos conceptos eran innecesarios, lo que origina un detrimento al patrimonio por $18,5 millones.

-Otros 4 hallazgos fiscales detectados por la CGR, que suman $290,4 millones, corresponden a saldos adeudados a la Universidad por créditos concedidos a estudiantes a través  las cooperativas Multicoop ($52.6 millones), Precoofianza ($199.4 millones), Finicoop ($35,7 millones) y Comsocial ($2.7 millones). Se evidenció incumplimiento de los respectivos convenios y deficiente gestión de cobro.

-En convenios suscritos con el Icetex, se detectó un hallazgo fiscal por valor de $234,4 millones, correspondiente a inconsistencias en los registros del instituto, y otro por $118,1 millones, en el caso de cartera del Icetex entregada a la Universidad y que la misma dejó prescribir. Estos dos hallazgos tienen presunta incidencia disciplinaria.

-La Universidad pagó pólizas de seguros que no fueron amparadas por varios días, pues el cubrimiento de las mismas se inició antes del perfeccionamiento del respectivo contrato. Esta situación generó un hallazgo fiscal por $16,5 millones.