"Los exgobernadores Aury Socorro Guerrero y, posteriormente, Ronald Housni se aliaron con contratistas como Fernando León Diez, y con funcionarios de la época como César Augusto James Bryan, exsecretario general de la Gobernación, para entregarles la contratación de San Andrés y Providencia; a cambio de ello los exmandatarios recibieron el 10 por ciento de cada uno de los contratos otorgados y adicionalmente una remuneración económica por la gestión adelantada".

Así lo informó la Fiscalía General de la Nación en un comunicado de prensa en el que explicó caso por caso los hechos de corrupción en San Andrés Islas, que fueron investigados.

El balance de los casos más impactantes en materia de corrupción en la isla, da continuidad a los compromisos pactados en la Jornada Anticorrupción realizada en San Andrés Islas y Providencia el 13 de octubre de 2017.

En el caso de los gobernadores, Aury Socorro Guerrero aceptó los delitos de concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, y cohecho propio por 9 contratos. Por lo que recibió una pena de 14 años de prisión.  

El exgobernador Ronald Housni  aceptó los delitos de concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, cohecho propio y peculado por apropiación. Por lo anterior, el exfuncionario recibió una pena de 15 años de prisión con el compromiso de retornar el dinero apropiado y que se generó con el cohecho.

Adicionalmente 9 personas entre exfuncionarios y contratistas se encuentran en acusación. Todos tienen medida de aseguramiento.

A centro carcelario fueron enviados:   Ain Zulema Conolly, exjefe oficina jurídica de San Andrés;  Luis Albeiro Urrego, supervisor de contrato; Elizabeth O´Neill, supervisora de contratos; Mauricio Jose Rodriguez Cotua, contratista; Sergio Fabián Lever Whittaker, contratista.

Con detención domiciliaria:  Tatiana Pérez García (exsecretaria de planeación; Edelmira Archbold Hawkins (exsecretaria de educación); Alejandro Lozano Bowie, exsecretario de Infraestructura de San Andrés; Juan Diego Alvis Cotes, particular. Y César Augusto James Bryan, exsecretario general de la Gobernación, aceptó cargos por concierto para delinquir.