El exdirector del Idexu, Wilman Muñoz Prieto.
El exdirector del Idexu, Wilman Muñoz Prieto.
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El Espectador

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Destituyen e inhabilitan a exdirector del Instituto de Extensión de la Universidad Distrital

Por 17 años y 6 meses.

La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad de 17 años y 6 meses al entonces director del Instituto de Extensión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Idexud), Wilman Muñoz Prieto, por el manejo irregular de recursos públicos por más de $11.380 millones.

El ente de control evidenció que a través de la expedición y cobro en efectivo de cheques, pagos mediante débito automático y compras con cargo a tarjetas de crédito de la Universidad Distrital, Muñoz Prieto adquirió bienes y servicios en favor suyo y de su familia, entre el 2015 y el 2019.

Así mismo demostró que con dineros provenientes de la cuenta corriente del Banco de Occidente, de la cual era titular la institución de educación superior, el disciplinado adquirió bienes y servicios que no correspondían con las funciones que le fueron asignadas; además compró un vehículo de alta gama y equipos electrónicos en beneficio de una empresa particular.

Para la procuraduría los $6.000.000 devueltos por el director del Idexud “resultan ser una suma irrisoria” que apenas alcanza un 0,054% de la suma total apropiada, y lejos de ser un motivo atenuante, “termina revelando el gran daño patrimonial de las conductas cometidas por el disciplinado (…)”.

El entonces director transgredió entre otras normas el artículo 48.1 de la Ley 734 de 2002, que contempla como falta disciplinaria “realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo”.

El Ministerio Público calificó las faltas del exfuncionario como gravísimas cometidas a título de dolo.

Contra la decisión de segunda instancia a través de la cual se confirmó la sanción de destitución del cargo y se modificó el término de la inhabilidad general para ejercer función pública de 20 años a 17 años y 6 meses, no procede recurso.

*Con información de Procuraduría General de la Nación

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